La de eliminar los delegados de las consellerías para sustituirlos por un único representante de la Xunta en cada provincia parecía, de entrada, una buena idea, plenamente coherente con un planteamiento de gestión basado en la austeridad, que fue una de las bazas que con mayor ahínco jugó Núñez Feijoo en la campaña electoral del uno de marzo y que seguramente le rindió sus buenos dividendos.

Una idea, por otra parte, nada original, dado que así funcionan desde el principio otras comunidades autónomas, sin mayores problemas, que se sepa. Además y a la espera del resultado que dé en la práctica, es una iniciativa difícil de rebatir salvo que se entre de lleno en complejidades técnico-administrativas, que se escapan al común de los ciudadanos, a quienes eso de ahorrar gasto público en principio les suena muy bien.

La cosa empieza a complicarse con la ocurrencia de añadir a los cuatro delegados provinciales, uno más, especial para Vigo y su zona de influencia, sobre todo cuando esa singularidad se justifica por tratarse de la primera ciudad de Galicia, por población y potencial económico, y como un primer paso para reimpulsar el traído y llevado proyecto del área metropolitana viguesa.

Con la creación de la delegación de Vigo, y por no haber calibrado las consecuencias, el presidente Feijoo abre un melón que ya le está empezando a amargar los primeros compases de su mandato. Se metió en un jardín donde hay más espinas que rosas y no saldrá de él si no es con unos cuantos arañazos de los que, aunque casi no se vean, son de los que duelen.

En Pontevedra temen perder una parte de la estructura administrativa y el poder que lleva implícita la condición de capital de provincia, en beneficio de Vigo, que a su vez se hacía la ilusión de convertirse, con todas las consecuencias, en capitalidad de una especie de quinta provincia, aquélla con la que soñara el ínclito Leri. El caso es que, para no hacer de menos a los pontevedreses, ahora resulta que Vigo, que nunca pide nada, ni siquiera lo que en justicia le correspondería, no tendrá superdelegación, sino más bien una minidelegación. Se queda con lo que ya tenía, con las dependencias territoriales de tres de las diez consellerías que integran el gobierno gallego, sin más.

Sobre esta polémica hay varias versiones, como que Feijoo no había caído en la cuenta de que para montar la quinta superdelegación, la viguesa, sin arrebatarle nada a la de Pontevedra, habría que crear de cero una gran estructura administrativa, de modo que se reduciría al mínimo el tan cacareado ahorro que comportaba la supresión de cincuenta altos cargos, que eran los antiguos delegados provinciales.

Visto lo visto, procede que el PP añada a la lista de asuntos a consensuar en el Parlamento una reformulación a fondo de la estructura periférica de la Xunta para que de verás la administración autonómica se vaya aproximando a los administrados y pueda llegar un día en que el gobierno tenga una delegación o algo parecido en cada gran comarca, además de en las grandes ciudades. A lo mejor no salía más barato, pero seguramente resultaría más eficaz.

Fernando González Macías