El Gobierno está estudiando ya la posibilidad de denunciar por malversación de fondos públicos a la Mesa del Parlament por la querella que va a presentar contra el juez del Supremo Pablo Llarena, y lo haría por la vía penal, no a través del Tribunal Constitucional.
La Mesa del Parlament, con mayoría soberanista, decidió ayer querellarse contra Llarena por presunta prevaricación, pese a las reticencias de los letrados de la Cámara y la oposición y la advertencia del Gobierno de que podrían incurrir en un delito de malversación. EFE