El Confidencial
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José Manuel López García
Piñeiro Docampo
Sociedad

INMIGRACIÓN

La ley de Extranjería prevé la expulsión de embarazadas, pero no se aplica

14-03-2019 20:24:05

EFE | La ley de Extranjería prevé la expulsión de mujeres en situación de irregularidad que estén embarazadas, excepto cuando haya riesgo para la integridad física de la madre o del niño, pero en la práctica no suele hacerse y se deriva a esas mujeres a dispositivos de atención humanitaria.

Expertos consultados por Efe han explicado que las mujeres migrantes tienen derecho a la asistencia sanitaria durante todo el proceso de embarazo y parto, así como a los recursos previstos en la legislación para casos de vulnerabilidad, protección internacional, trata o violencia de género, dependiendo de las circunstancias de cada una de ellas.

Han dado esta explicación después de la polémica surgida por la propuesta de ley de maternidad del PP que incluiría garantizar la confidencialidad de las mujeres migrantes en situación irregular que entreguen a sus hijos en adopción en España para evitar su expulsión durante el citado proceso y un posible abandono del bebé.

"En teoría, una mujer migrante que llega embarazada puede ser expulsada, pero en la práctica se antepone su vulnerabilidad a su situación irregular y se deriva a la asistencia humanitaria", ha asegurado el director de Save the Children, Andrés Conde.

Pero cuando el niño nace, ambos se encuentran en situación irregular y también podrían ser expulsados. La jurista de Unicef Sara Collantes ha detallado que cuando una migrante extranjera entra en España, si es por Ceuta y Melilla se procede a su traslado a la península, se la deriva a esos dispositivos humanitarios, donde es atendida de acuerdo a su vulnerabilidad y se le puede ofrecer distintos tipos de protección.

Algunas mujeres extranjeras embarazadas piden asilo por huir de países en conflictos armados o por haber sufrido persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

Si solicitan ese asilo, son protegidas por el sistema de acogida español que durante unos dos años -tiempo que suele tardar la resolución de la petición- garantiza a las mujeres los recursos para poder vivir en España.

También hay mujeres extranjeras que llegan embarazadas a España que son víctimas de trata o explotación sexual a lo largo de su trayecto migratorio. En estos casos, la ley prevé la suspensión de su expulsión si denuncia a la red de trata y colabora. Si es así, se le otorga un permiso de residencia.

Una situación legal similar se da en las migrantes víctimas de violencia de género: si hay sentencia condenatoria, obtiene un permiso de residencia de 5 años para ella y su hijo. Para las migrantes que no han entrado en procedimientos de asilo, trata o violencia de género, tras sus partos su situación de vulnerabilidad se puede extender unos meses más, pero la mayoría queda en situación administrativa irregular.

En ese periodo, tanto ellas como sus hijos, que arrastran la irregularidad de sus madres, pueden ser expulsados, de acuerdo con la ley de Extranjería. Unicef recuerda la importancia de que se priorice el apoyo a esas mujeres embarazadas que quieren ser madres.

"Hay que evitar que por pobreza las mujeres no puedan seguir con su embarazo; debemos garantizar que los niños puedan estar con sus madres", ha asegurado la responsable de Unicef de Infancia y Migraciones.

Para el director de Save the Children, es positivo que se haya abierto en periodo electoral el debate sobre la necesidad de poner en marcha políticas de apoyo a la natalidad y a la infancia dado el "problema que tiene España con su tasa de natalidad".

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) solicitan que no se estigmatice a las mujeres migrantes en situación irregular embarazadas, ya que son "el eslabón más débil". Aldeas Infantiles SOS considera que ninguna mujer inmigrante embarazada debe ser expulsada del país, para evitar riesgos en la gestación y la salud tanto del niño como de la madre. En su opinión, la protección de la maternidad no pasa únicamente por cuidar a una madre durante el embarazo, sino durante toda la maternidad.

"Por último, el proceso de decisión de dar un hijo en adopción es lo suficientemente complejo como para que se le dedique una atención especial e individualizada con tiempo, recursos y sin ningún tipo de presión", añade Aldeas Infantiles.

En este sentido, Médicos del Mundo teme que se "aboque a mujeres en situación de especial desprotección a que decidan sobre el futuro de sus hijos bajo presión y sin que se les ofrezcan salidas humanitarias y fundadas en los derechos humanos que las asisten".


Las comunidades 

En España, todas las mujeres que deciden entregar a sus hijos en adopción disponen de seis semanas para ratificar su decisión una vez han dado a luz. Según el presidente del PP, Pablo Casado, las comunidades en las que gobierna su partido garantizan la confidencialidad a aquellas migrantes en situación irregular que den a su hijo en adopción, de manera que su contacto con la administración no suponga una alerta que pudiera motivar su expulsión.

La Comunidad de Madrid cuenta desde 2010 con un protocolo dirigido a madres que quieran renunciar a sus bebés, una posibilidad que en ningún caso permite obtener nada a cambio y que de hecho "no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer".

Los datos de la madre son siempre anónimos y confidenciales y en ningún momento se ponen en conocimiento de la Policía, han explicado a Efe fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia del Gobierno madrileño. Casado ha asegurado que la medida propuesta por su partido es extender este protocolo a todas las comunidades autónomas. Efe ha preguntado a distintas regiones si disponen de un protocolo específico de adopción para los casos en los que la madre que entregue al menor sea inmigrante en situación irregular:

En Cantabria, los servicios asistenciales "protegen y ayudan socialmente a todas las mujeres embarazadas independientemente de su situación en España". En la Comunidad Valenciana la regulación sobre adopciones y expulsiones que se aplica es la estatal, si bien dispone de regulación propia sobre la confidencialidad de los datos.

Navarra no dispone de ningún protocolo para mujeres embarazadas migrantes que quieran dar a sus hijos en adopción, como tampoco lo tienen Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja ni Galicia -en esta última sólo se requiere de la madre biológica el nombre y la firma-. En Canarias "en ningún caso hay diferencia entre si la mujer es española o extranjera": "No tiene ventaja alguna dar en adopción a un bebé", ha indicado el viceconsejero de inmigración, Francisco Candil, quien ha precisado que hacerlo "no se sostendría a la luz de los derechos humanos".

En Cataluña, "la situación de irregularidad de estas personas no es un elemento que influya en ningún momento, ni en el de la renuncia ni en el proceso judicial de la adopción". Según la Generalitat, la situación administrativa de un menor es la misma que la de sus padres, como marca la legislación estatal.

También recuerda que los tratados internacionales impiden aplicar una orden de expulsión a menores y mujeres embarazadas. Por su parte, la consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha señalado a EFE que la legislación estatal establece claramente los derechos de las personas migrantes y los itinerarios existentes para su estancia legal en el territorio.

"Cualquier modificación de estos itinerarios y de los derechos contenidos en la ley deberán realizarse por los cauces legales, respetando su rango de Ley Orgánica, y sin vulnerar, en ningún caso, los derechos fundamentales de las personas", ha advertido la consejera.





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