EFE | Las
dudas sobre las tasaciones, manifestadas por los peritos cedidos a la
causa que investiga posibles irregularidades en la gestión del Banco
Popular, sitúan al expresidente Ángel Ron en el punto de mira de las
acusaciones, que sostienen que pudo haber falsedad en las cuentas de la
entidad.
En su informe, aportado esta semana a la Audiencia Nacional, los
expertos del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández
difieren del sistema de tasación de activos inmobiliarios seguido por el
Popular hasta finales de 2016, el cual dio lugar a casos de
"sobrevaloración" por "la debilidad del control interno". Señalan que la entidad empleó tasaciones realizadas por
empresas no registradas ante el regulador, que no seguían los criterios
del Ministerio de Economía sobre normas de valoración de inmuebles.
En virtud de estos criterios, conocidos como ECO, el tasador debe
emitir un amplio informe en el que es posible comprobar las hipótesis en
las que descansa el valor, y que no pueden incorporar ni expectativas
urbanísticas ni de subida de precios. Aunque la
metodología escogida por el Popular cumplía con la normativa
internacional, el peritaje advierte de que contravenía la "propia
política contable establecida por el Consejo", que rechazaba el uso de
compañías que no figurasen en el registro.
Ruiz-Clavijo y Hernández sostienen además que "parece" que la calidad de
las tasaciones empleadas a efectos de estimar las provisiones "empeoró
durante 2016". De este modo, "según los inventarios
de activos adjudicados facilitados por el banco, en diciembre de 2015 un
11 % de los suelos fueron revisados por empresas no homologadas y en
2016 el porcentaje se elevó al 34%".
Los peritos
remiten al informe de EY, realizado a petición de Bankia dentro del
proceso de venta del Popular, en el que se observa que "sólo en 4 casos
de un total de 50 eran tasaciones válidas".
"Defectos" que, si bien pueden estar condicionados por tratarse de un
sistema diferente, son "ilustrativos de la calidad de las valoraciones
solicitadas" por el banco, entre otros, a Aliseda, inmobiliaria del
grupo.
Así lo detectó el Banco Central Europeo (BCE),
cuya inspección localizó que, "en un número limitado de casos, existían
dos tasaciones del mismo bien con diferencias substanciales" en los que
se decidió aplicar "el de mayor valor". Ambos
expertos consideran "destacable" que las nuevas valoraciones efectuadas
ya con Emilio Saracho al frente del Popular significaran una "reducción
de su valor de 1.944 millones de euros, en especial en los suelos, donde
se redujo en 1.528 millones", lo que generó la necesidad de mayores
provisiones.
No obstante, aclaran que no objetan
metodologías diversas a las previstas por el Banco de España pues
"probablemente facilita la venta de activos a inversores
internacionales", sino que se empleen para el cálculo de provisiones "si
al mismo tiempo se mantiene que se cumple con el marco contable" del
regulador. Por ello, concluyen que "el mayor problema
era que, dadas las debilidades en el control interno, en especial la
sobrevaloración de las tasaciones, era difícil cuantificar las
necesidades de provisiones y establecer las bases para una planificación
de capital".
A pesar de que en las más de 400
páginas también existen pasajes que minimizan la posible responsabilidad
de Ron y Saracho, y de sus respectivos Consejos de Administración, en
desviaciones "no controlables por los gestores", acusaciones como la que
ejerce Adicae entienden que el peritaje acredita las irregularidades.
Tampoco faltan las comparaciones con el otro gran escándalo de la banca
española, la salida a bolsa de Bankia, como señalan desde el despacho
Lean Abogados.
El origen de la causa se remonta a
octubre de 2017, cuatro meses después de la resolución y posterior venta
del Popular al Santander, cuando el entonces titular del juzgado,
Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los antiguos
administradores, la firma PwC y su socio auditor.
Entre otros presuntos delitos, los escritos incluían administración
desleal, apropiación indebida, así como falsedad contable y estafa a los
inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016, como
denunció entonces el abogado Felipe Izquierdo.
El
magistrado acordó así la apertura de dos piezas separadas, la primera de
ellas por la operación en la que se suscribieron 2.500 millones de
euros en capital de la entidad, y la segunda por una posible
manipulación del mercado. Una vez conocido el informe
de los peritos, el cual puede sufrir modificaciones, se abre la puerta a
que el ahora juez instructor José Luis Calama cite a declarar a los
querellados.