VIVIENDA SOCIAL
La iniciativa privada reclama un mayor protagonismo en la vivienda social
EFE | El
sector privado reclama un mayor protagonismo en la promoción de
vivienda social en España y lamenta el retroceso sufrido en los últimos
años, cuando se ha pasado de 50.000 viviendas a menos de 10.000.
Además,
otros responsables del sector abogan por medidas encaminadas a animar a
los particulares para que destinen sus viviendas al alquiler social,
como es el caso del País Vasco, o a un mejor uso del patrimonio público
inutilizado, así como de las viviendas vacías.
Pregunta.- ¿Cuál es la situación de la vivienda social en España?
Respuesta.- Entre
2010 y 2018 se construyeron 227.210 viviendas sociales, tres de cada
cuatro en 2010, 2011 o 2012. Esta cifra supone la mitad de viviendas
sociales que se hicieron durante los diez años anteriores (2000-2009)
cuando fueron 566.632 o en los 90, 557.925. Desde que
el Ministerio de Fomento recoge datos (1991), ningún año se habían
construido menos de 35.000 viviendas, mientras que, desde 2013, no se
han promovido nunca más de 18.000, cerrándose el año 2018 con 11.860
viviendas de carácter social que han comenzado su promoción.
P.- ¿Por qué se ha frenado la construcción de vivienda social?
R.- A
la crisis económica, la vicepresidenta de Asociación de Promotores de
Madrid (Asprima), Carolina Roca, añade en declaraciones a Efe, que se ha
desplazado a la iniciativa privada de la promoción de vivienda social
por cuestiones políticas, cuando era "uno de los principales motores". El
director de residencial y suelo de CBRE, Samuel Población, opina que
uno de los principales problemas son las diferentes normativas
existentes en las distintas comunidades, que tienen la competencia,
Gobierno central e incluso ayuntamientos.
P.- ¿Qué proponen las promotoras para aumentar el parque de vivienda social?
R.- Desde
la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) afirman que
es necesario recuperar el modelo y que la Administración ceda el suelo
para la vivienda social a promotoras a fin de iniciar la construcción de
viviendas de este régimen.
El presidente de Asprima,
Juan Gómez Pintado, ha afirmado que entre Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento hay suelo reservado para 45.000 viviendas para cuya
edificación el Gobierno necesita la ayuda de la colaboración privada, ya
que no hay dotación presupuestaria suficiente.
El cálculo de APCE en Cataluña eleva esta cifra de suelo reservado a 192.771 viviendas en el caso de la Generalitat. A
estas recomendaciones, se suman otras medidas que plantean los portales
como Fotocasa, cuya directora de estudios, Beatriz Toribio, señala la
exención del IVA a la promoción de viviendas para alquiler social o la
agilidad de las licencias.
P.- ¿Existe algún modelo exitoso?
R.- En
España, el modelo de referencia ha sido el implantado por el País Vasco
que, por ejemplo, ha construido 2 de cada 3 viviendas de alquiler
protegido de España en los últimos 4 años según el área de vivienda del
Gobierno de la región y, desde los 80, ha promovido 103.900 viviendas de
carácter social.En esta comunidad, toda vivienda
protegida que se construya será en régimen de alquiler a partir de 2020,
ya que así se cubrirá prioritariamente por los sectores más
vulnerables.
El Gobierno Vasco lanzó a comienzos de
legislatura un programa de captación de propietarios para alquiler
social en el que el ente público garantiza devolver la casa tal y como
se entregó y una renta fija mensual independientemente de que la abone
el inquilino que ha captado más de 5.000 viviendas.
P.- ¿Qué se puede hacer aparte de promover vivienda nueva?
R.- Para
la urbanista Raquel Rodríguez, el primer paso sería blindar de manera
indefinida la condición social de toda la vivienda que se haga por este
fin y evitar que puedan pasar al mercado libre.Rodríguez
cree que también hay que analizar el mercado con profundidad para
determinar cuántas viviendas vacías existen realmente, así como el
patrimonio que, en caso de rehabilitarse, podría servir para tal fin, ya
que, de este modo, se evitaría consumir más suelo.
Por
su parte, comunidades como Madrid ofrecen deducciones al alquiler para
jóvenes, uno de los colectivos más afectados por los problemas de acceso
a la vivienda, ya que el 53,1 % de los que entre 25 y 29 años siguen
viviendo con sus padres, según el INE.