EFE | La
disyuntiva entre subir impuestos para mejorar la recaudación y
financiar mejores políticas sociales, defendida por PSOE y Unidas
Podemos, o bajarlos para impulsar la actividad económica, esgrimida por
PP y Ciudadanos (Cs), ha sido uno de los momentos clave del debate
electoral económico organizado este lunes por la Agencia EFE.
Portavoces económicos de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos han
defendido en el debate sus propuestas en materia de empleo, pensiones,
energía, fiscalidad y vivienda, que ha sido otro de los temas más
polémicos.
El responsable del programa económico del PP, Daniel Lacalle, ha abogado
por una "revolución fiscal" que rebaje impuestos de manera "clara,
evidente" a familias y empresas, con el objetivo de impulsar así la
actividad económica y que sea ésta quien mantenga el Estado del
bienestar.
También el secretario de Programas de Ciudadanos, Toni Roldán, ha
defendido "una rebaja de impuestos a cinco millones de familias" a
través de deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas (IRPF) o la eliminación del impuesto de sucesiones, porque "en
una economía abierta tienes que tener unos impuestos competitivos".
Sin embargo, el responsable de Economía en el Comité de Estrategia del
PSOE, Daniel Fuentes, ha argumentado que "España no puede permitirse una
rebaja generalizada de impuestos" porque no hay "base académica
empírica" que sustente que, de esta manera, se aumenta la recaudación y
hacen falta recursos para mejorar el Estado del bienestar.
El responsable de la Secretaría de Economía de Podemos, Nacho Álvarez,
ha coincidido en la necesidad aumentar la recaudación, aunque analizando
"a quién, cómo, cuándo y para qué", ya que el objetivo final es
"garantizar el Estado del bienestar" a base de ir "eliminando
privilegios de rentas más altas".
La política de vivienda ha sido otro de los temas candentes del debate
ante la propuesta de Unidas Podemos de un "control de precios" y un
parque público de alquiler social para "cortar dinámicas especulativas",
una iniciativa que el PSOE rebaja a "limitar el precio de los
alquileres" sin intervención directa y promover la vivienda pública.
También Roldán ha defendido la vivienda pública para colectivos
"vulnerables", pero Lacalle ha criticado cualquier tipo de regulación
orientada a controlar los precios del alquiler como las que "se hacían
en los tiempos de Franco", porque elevaría los precios.
En materia de pensiones, los cuatro portavoces económicos han coincidido
en que su revalorización debe ir acorde con el poder adquisitivo, pero
mientras PSOE y Unidas Podemos quieren garantizar que se actualicen con
la inflación, PP y Ciudadanos hacen hincapié en que sólo un mejor empleo
puede generar mayores ingresos.
"Con un mercado laboral roto, que no genera ingresos por cotizaciones
para financiar el sistema, podemos hacer muchas promesas pero
probablemente en el futuro (las pensiones) no podrás pagarlas", ha
advertido Roldán, un punto en el que ha coincidido Lacalle, que cree que
un sistema de reparto sólo es sostenible si aumenta el número de
grandes empresas y hay mejores puestos de trabajo.
Por su parte, Álvarez ha urgido a que la actualización con el indice de
precios de consumo (IPC) quede plasmada en la Constitución por ley,
mientras Fuentes se ha mostrado favorable a la revalorización con la
inflación "real" y con acuerdo del Pacto de Toledo, y ha afeado al PP
que ponga al frente de las pensiones a "un gestor de fondos de
inversión", en relación a Lacalle.
Durante el bloque energético, los representantes de todos los partidos
han coincidido en la necesidad de rebajar la factura de la luz, si bien
PP y Cs han incidido en la posibilidad de aligerarla de impuestos y las
formaciones de izquierda en cambiar la regulación del mercado.
Mientras Lacalle ha instado a sacar del recibo eléctrico algunos costes y
subvenciones, Roldán ha apelado a incentivar la competencia, Fuentes a
incorporar nuevas tecnologías y Álvarez, a "intervenir ya" en el mercado
eléctrico.
En empleo, PP y Cs han criticado la subida del salario mínimo a 900
euros por considerar que grava el trabajo y que es populista, aunque
apuestan por seguir elevándolo con acuerdo social y acompasado al
crecimiento económico, mientras que PSOE y Unidas Podemos han abogado
por aumentarlo progresivamente hasta alcanzar el 60 % del salario medio
que marca la Carta Social Europea.