EUROPA PRESS | Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago)
en julio de 2013 se han manifestado "indignadas" por el hecho
"vergonzoso" de que Adif contratase asesores para sus comparecientes en
la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el
siniestro.
Según publica el diario digital 'Praza', Adif
contrató a dedo por casi 15.000 euros al despacho Hogan Lovells, en el
que trabaja el abogado que defiende al cargo investigado por la
tragedia, el exdirector de seguridad en la circulación Andrés
Cortabitarte.
El juez y el fiscal proponen juzgar a
Cortabitarte por 80 supuestos delitos de homicidio por imprudencia
profesional grave y por 144 de lesiones, por un análisis de riesgos
deficiente al que estaba obligado en la línea. Es la misma
responsabilidad que atribuyen al maquinista, Francisco José Garzón Amo, a
este por circular con un exceso de velocidad tras atender la llamada
del interventor. El caso está pendiente de la resolución de la
Audiencia Provincial de A Coruña a los recursos de distintas partes
contra la decisión del instructor de cerrar esta fase con estos dos
imputados.
"Innumerables afrentas"
Este miércoles, la plataforma de víctimas ha emitido un comunicado en
el que vuelve a remarcar que esta fue una "tragedia evitable" que dejó
80 muertos y más de 140 heridos. Ahora, lamentan tener que
"soportar la última de las innumerables afrentas". "Queremos mostrar
nuestra indignación y rechazo ante este grave hecho denunciando, una vez
más, el trato humillante que estamos recibiendo por parte del Adif,
tanto bajo el mandato del PP, como del PSOE, generando, aún si cabe, más
dolor", subraya la nota de la asociación.
Recalcan los
afectados por el descarrilamiento que "es vergonzoso que el Adif, que ya
cuenta con todo el aparato del Estado, servicios jurídicos, abogacía
del Estado, etcétera, contrate, para 'asesorar' a los comparecientes al
despacho de abogados que defiende al cargo de Adif imputado por el
siniestro". "Ahora se entiende perfectamente por qué los
técnicos de las empresas públicas no eran capaces de contestar a
preguntas sencillas en el Congreso", añade la plataforma.
Al
respecto, censura que las "evasivas son, por tanto, una afrenta más a
las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad". "Si además
provienen de funcionarios públicos y orquestadas por los dirigentes,
tenemos un problema bastante grave en el Ministerio de Fomento y en
Adif", agrega.
Por ello, solicitan una reunión al ministro en
funciones, José Luis Ábalos, para que dé "las explicaciones oportunas" y
para exigirle el cese "inmediato" de Isabel Pardo de Vera, actual
presidenta de Adif y exdirectora general, "y por tanto máxima
responsable de este vergonzoso asunto". A su juicio, estos
hechos confirman sus "peores hipótesis: el temor que tienen los
gobiernos, tanto del PP y PSOE, a realizar una investigación
independiente, tal y como ha exigido la UE en repetidas ocasiones".
La disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones
generales dejó la labor de la comisión de investigación sin
conclusiones. La ronda de comparecencias había terminado, pero los
grupos no tuvieron tiempo siquiera para comenzar a elaborar el informe. EP