MINA DE TOURO
El Defensor del Pueblo ve "deficiente" la actuación de la Xunta en la mina de Touro
EUROPA PRESS | El Defensor del Pueblo concluye que la Xunta "ha actuado
deficientemente" en relación con los terrenos de la antigua mina de
Touro y O Pino (A Coruña), donde advierte que "la contaminación del agua
parece el problema más grave". "Y sin embargo la explotación
está funcionando sin disponer de los permisos exigidos por la
legislación de aguas", critica, en un informe remitido a la asociación
Tralapena.
A raíz del documento, este colectivo ecologista
reclama que la Administración autonómica "inicie la tramitación del
procedimiento de caducidad de la concesión". A través de una nota de
prensa, destaca que el Defensor "le saca los colores" a la Xunta, "con
argumentos legales". Fuentes del Gobierno gallego consultadas
por Europa Press señalan que "se pronunciará cuando termine la
tramitación" y que lo hará "motivadamente", mientras que la compañía
mantiene su disposición "a seguir trabajando para poner en marcha el
mejor proyecto minero".
Informe del Defensor del Pueblo
El informe del Defensor del Pueblo establece, en concreto, que la
Administración autonómica "ha actuado deficientemente, bien por no
declarar la caducidad de la explotación, si los trabajos (en estos
terrenos) se interrumpieron por plazo superior al autorizado, o bien por
no sancionar al titular de la explotación por no presentar los planes
de labores anualmente (...) si la explotación estuvo en funcionamiento".
Avisa de que la actividad extractiva del cobre produce "impactos"
sobre el suelo, la vegetación y el paisaje, y de que "pueden producirse
filtraciones de aguas ácidas a los ríos o al suelo desde las escombreras
o presas de residuos, con la consiguiente afección a la vegetación y la
fauna".
También alerta de que los drenajes contienen metales
pesados "que en grandes concentraciones son nocivos para el medio
ambiente y la salud" y, de hecho, detecta que "la contaminación del agua
parece el problema más grave y sin embargo la explotación está
funcionando sin disponer de los permisos exigidos por la legislación de
aguas". Al respecto de la restauración de los terrenos, "la mayor objeción" que
plantea a la Xunta es que "pese a que se han presentado hasta cinco
planes por diferentes titulares de la explotación, ninguno ha sido
aprobado por el órgano minero".
Y añade que "la Administración
no ha acreditado que haya exigido su cumplimiento íntegro" y que el
plan de Río Tinto Minera (de 1984) "debe entenderse desactualizado" ya
que se refiere a la explotación de cobre y no a la de áridos, que es la
actualmente se acomete. Es decir: "desde 2003 se realiza una extracción
de áridos (..) sin que exista un plan de restauración aprobado".
También critica, sobre el ejercicio de la potestad de inspección y
sanción, que la información que remitió la Xunta "se considera
insuficiente", ya que la Consellería de Economía "no ha inspeccionado la
actividad en cinco de los diez últimos años".
Asimismo, si
bien se han tramitado tres expedientes sancionadores, "Augas de Galicia
no ha informado concluyentemente sobre los resultados de los programas
de control existentes". Por último, hace referencia a la ausencia de un
plan aprobado de actividades extractivas en Galicia.
Por todo ello, el Alto Comisionado de las Cortes Generales sugiere a
la Consellería de Economía que tramite y resuelva el procedimiento de
compatibilidad de derechos mineros con otros usos de interés público,
"en particular con su incidencia social y en el medio rural".
Si declara la prevalencia de otros intereses públicos respecto a los
nuevos derechos mineros, sugiere al departamento de Francisco Conde que
desestime la solicitud de reinicio de la actividad extractiva de cobre". También en el apartado de sugerencias incluye la de solicitar "con
carácter inmediato" a Augas la emisión del informe de suficiencia de
medios hídricos para el desarrollo de la actividad extractiva del cobre y
demás recursos objeto de concesión. Le recomienda a mayores impulsar la
tramitación del plan de actividades extractivas.
Mientras, a
Medio Ambiente, a través de Augas, le sugiere realizar una inspección de
la calidad de las aguas de los ríos "directamente afectados". A la consellería que dirige Ángeles Vázquez, como sugerencia, le
propone incluir en la declaración de impacto ambiental como condiciones
"la adopción de todas las medidas necesarias para evitar impactos que
impidan cumplir los objetivos de calidad de las aguas" y "la
restauración de los espacios afectados".
Por último, el
Defensor del Pueblo ha solicitado a la consellería que indique "el
estado en que se encuentra la evaluación de impacto ambiental".
En Marea pide "carpetazo"
Conocido este informe, el viceportavoz parlamentario de En Marea,
Antón Sánchez, ha reiterado su petición de "carpetazo definitivo" para
el proyecto, por ser "inviable ambientalmente y peligroso para las
personas". El documento "reconoce que la Xunta estuvo años
mirando hacia otro lado con la contaminación de la mina", según denuncia
el grupo mediante una nota de prensa.
La asociación Tralapena interpreta del informe que "en todo momento
la Administración y especialmente la Consellería de Economía parece
defender y encubrir a la empresa concesionaria, en lugar de velar por el
medio ambiente o el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en
cada momento".
Cree que existen, por tanto, "motivos de sobra y
más que justificados para que la Xunta inicie la tramitación del
procedimiento de caducidad de la concesión San Rafael o, en su caso, que
justifique documentalmente los motivos por los que no se había llevado a
cabo antes".
La Xunta
Mientras, las fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press
subrayan que la Administración "no varió su posición desde el primer
momento: defendiendo el interés general y respetando todas las
sensibilidades, tanto aquellas que manifiestan su oposición como las que
se muestran a favor del proyecto, cumpliendo todos los pasos que marca
la ley de minería del bipartito". Insisten estas fuentes en
que "el proyecto no se aprobará si existen elementos que lo hagan
incompatible" y recuerdan que "con los informes emitidos, la Xunta ya
manifestó que el proyecto no era viable y señaló que era preciso
introducir modificaciones para seguir con la tramitación".
Por eso, la Xunta dice que se pronunciará "cuando termine la
tramitación" y que "lo hará motivadamente en base a evaluaciones
profesionales y técnicas, actuando siempre con la máxima transparencia y
rigor, atendiendo todas las dudas y poniendo la documentación a
disposición de quien la solicite". "Como en este caso, que se puso a
disposición del Defensor del Pueblo", según resalta.
La empresa
La reacción de la empresa al trascender este documento ha sido la de
"valorar" las recomendaciones y sugerencias. No advierte, así, "ninguna
ajena a la normal tramitación de los permisos de actividad que está
solicitando para su concesión de explotación de cobre en Touro y O Pino,
un amplio y complejo proceso administrativo que -afirma- es necesario
realizar previo a la autorización del proyecto".
En
particular, está "de acuerdo" con las referidas a la "completa
restauración" de "todas las superficies incluidas en el desarrollo de
las nuevas operaciones mineras", así como "asumir la rehabilitación de
los pasivos ambientales provenientes de la minería histórica de la
zona". Cobre San Rafael está formada por dos socios: Atalaya
Mining y Explotaciones Gallegas. Esta última es la dueña de los
terrenos, ya extrajo cobre de ellos y ahora produce áridos, además de
formar parte del capital de otras empresas ubicadas en este lugar. EP