EFE | Más
de 4,6 millones de personas viven en casas que no reúnen las
condiciones adecuadas, ya sea porque se encuentran en un estado ruinoso o
porque carecen de suministros que garanticen la higiene y salubridad,
entre otros motivos, pero es que, además, no se pueden permitir ni
siquiera la idea de pensar en cambiarse. La vivienda se ha
convertido, de hecho, en el principal desencadenante de caer en
exclusión social en nuestro país, y ha reemplazado así al desempleo, que
ha sido la primera causa durante los años de crisis económica.
Es la conclusión a la que ha llegado Foessa (Fomento de
Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) en su VIII Informe sobre
Exclusión y Desarrollo Social en España presentado recientemente, según
el cual 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, se
encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007. En
su publicación "Vulneración de derechos: Vivienda", la fundación
vinculada a Cáritas se centra en la exclusión residencial, aquella
situación que genera el no poder acceder a una vivienda digna que reúna
las condiciones necesarias para un desarrollo adecuado.
Una
situación que afecta al 24 por ciento de la población, al 60 por ciento
de las que ya viven situaciones de exclusión y al 69 por ciento de las
personas para las que esa exclusión es severa.Asimismo,
se ceba especialmente con los hogares con algún miembro
extracomunitario (51%), con aquellos en los que vive alguna persona
desempleada (36%) o algún menor de edad (29%). Por
comunidades autónomas, los porcentajes más altos los presentan Galicia
(35%); Canarias (32%) y Murcia (30%), y los más bajos La Rioja (13%);
Andalucía (17%) y la Comunidad Valenciana (18%).
El
informe no recoge datos de sinhogarismo, pero sí de vivienda insegura
-con la incertidumbre y el temor a quedarse sin ella- y vivienda
inadecuada -estructuras temporales, asentamientos, chabolas, cuevas,
casas sin acceso adecuado a suministros públicos como agua, electricidad
o gas, hacinamiento, etc.). Y la conclusión es que
cuatro de cada diez hogares españoles -casi 800.000- y 2,1 millones de
personas conviven con la inquietud de quedarse sin un techo bajo el cual
vivir en el corto o medio plazo. El desasosiego es mayor entre los
baleares (8%), murcianos (7%), gallegos y canarios (6%).
¿Qué
podría echar a estas personas de sus casas? Según comentaron los
responsables del VIII informe Foessa durante su presentación, Raúl
Flores y Guillermo Fernández, los elevados gastos de mantenimiento o
perder los derechos que tenían sobre ella (amenaza de expulsión,
desahucios...). Pero también, según el documento, no
disponer de seguridad jurídica sobre el uso de la vivienda en un plazo
establecido (contrato de alquiler o título legal, situaciones de cesión
de uso, etc.) o estar en una situación de violencia intrafamiliar que
obligue a irse de casa.
Otros 4,6 millones de personas
tienen que habitar en casas que no reúnen todas las condiciones: son
alrededor de 1,3 millones de hogares, 7 de cada 100 hogares. Afecta
sobre todo a los de Canarias (12%), Cataluña (11%), Murcia y Madrid
(9%).Pueden ser inadecuadas por presentar
deficiencias graves en la construcción, encontrarse en un estado
ruinoso... También por no disponer de los suministros y dotaciones
adecuadas para permitir la higiene y la salubridad (agua corriente o
caliente, energía eléctrica, evacuación aguas sucias, etc) o por no
estar en condiciones de confortabilidad y privacidad.