EFE | El
Gobierno ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
que cierre las delegaciones catalanas, "embajadas", en Alemania, Suiza y
Reino Unido por considerarlas "lesivas para los intereses del Estado y
al servicio de un proyecto secesionista inconstitucional".
El
Ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado a la Abogacía del Estado
que pida la "paralización de la actividad" de estas delegaciones ya que
son las que están realizando "con singular intensidad" labores en favor
de los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido
declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En una nota, el Ministerio ha recordado que la Abogacía del Estado ha
recurrido ante el TSJC dado que se constata que las delegaciones
contravienen "de forma evidente" las leyes que establecen la competencia
exclusiva del Estado en materia de relaciones exteriores.
Así,
Exteriores ya había ha interpuesto un recurso contencioso administrativo
ante el TSJC contra el restablecimiento de las delegaciones del
Gobierno de la Generalitat en el Reino Unido, e Irlanda, Alemania,
Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.El pasado 27 de junio
también recurrió la apertura de las "embajadas catalanas" en México,
Argentina y Túnez por considerar que son "instrumento fundamental" para
promover las tesis del secesionismo y "denigrar" la imagen internacional
de España.
Exteriores ha informado de que este lunes ha decidido
pedir el cierre cautelar de las oficinas de Berlín, Londres y Ginebra
por la "singular intensidad" de las labores que realizan en favor de los
objetivos del proceso secesionista de Cataluña.Por eso, subraya
Exteriores, la solicitud de medidas cautelares presentada "se
circunscribe en este momento a la actividad de esas tres delegaciones".
El escrito presentado argumenta que estas oficinas "se encuentran en
funcionamiento y contraviniendo de forma evidente con su actividad entre
otros, un título competencial y exclusivo del Estado, como las
relaciones internacionales, como límite de la acción exterior de las
comunidades autónomas".
Para el Ministerio, el restablecimiento de
estas oficinas persigue un "fin inconstitucional como es la creación de
una estructura de Estado, al servicio de un proyecto de transición
nacional de carácter secesionista inconstitucional, con grave perjuicio
para la política exterior de España". La nota subraya que
Exteriores "lamenta tener que solicitar las citadas medidas cautelares
pero no se le deja otra opción para preservar" la competencia exclusiva
del Estado de regular y coordinar las actividades con proyección externa
de las comunidades autónomas.
Apunta también que "no se discute
la legitima acción exterior que Cataluña (como cualquier otra comunidad
autónoma) puede desplegar en el ámbito de sus competencias", siempre y
cuando sea conforme al ordenamiento constitucional y estatutario y la
jurisprudencia.