EFE | Los
recientes cortes de energía en Argentina, incluido un apagón sin
precedentes que alcanzó a países vecinos, ha puesto bajo la lupa el
sistema eléctrico local afectado por largos años de baja inversión,
tarifas congeladas, falta de planificación y controles insuficientes. El apagón del pasado 16 de junio, que afectó durante catorce horas a
todo el país, Uruguay y parte de Brasil, conectados a la red argentina,
dejó ver las limitaciones del sistema nacional de transmisión de
electricidad en alta tensión.
Pocos días después, otro corte dejó sin luz durante
cuatro horas a buena parte de la ciudad de La Plata, capital de la
provincia de Buenos Aires, pero en este caso el fallo estuvo centrado en
la red de distribución a los hogares. El Gobierno de
Mauricio Macri atribuyó el gran apagón del 16 de junio -que afectó a
unos 50 millones de usuarios y cuyo impactó de daños económicos aún no
fue calculado- a un "error operativo" de la empresa de transporte en
alta tensión.
El error se conjugó con una respuesta
inadecuada de las empresas generadoras y de distribución, un fallo
"inusual" que hizo colapsar al sistema. No obstante, para las autoridades no hay un problema estructural ni de falta de inversiones. Por el contrario, el Gobierno asegura que el sistema es "robusto", una afirmación con la que no todos están de acuerdo.
"El apagón es un mascarón de proa de una problemática estructural de
falta de inversión y de control y de mala regulación", dijo a Efe Hernán
Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina.
El Gobierno del presidente Mauricio Macri, quien llegó a la Casa Rosada
a finales de 2015, asegura que recibió un sector eléctrico en
decadencia, sin planificación de largo plazo, con inversiones demoradas,
un esquema de subsidios abultado y constantes cortes de suministro.
En la primera semana de gobierno, el Ejecutivo decretó la emergencia
eléctrica e inició un proceso de fuerte ajuste en las tarifas de la
electricidad, que habían estado congeladas desde 2002, lo que golpeó los
bolsillos de los consumidores, pero que, para las autoridades, permitió
reactivar las inversiones, aumentar la generación y mejorar la calidad
del servicio. Letcher apuntó, sin embargo, que, pese
al "tarifazo", las inversiones han sido insuficientes, apenas las que,
por los contratos de concesión renegociados hace dos años, las empresas
están obligadas a hacer.
"El aumento de las tarifas
ha sido muy significativo. Supera en algunos segmentos el 2.000 % en los
últimos tres años y medio. Pero las inversiones no acompañaron ese
nivel de aumento de tarifas", observó. Por el
contrario, para Pablo Besmedrisnik, director de la consultora
Invenomica, la actualización de tarifas mejoró la rentabilidad de las
compañías del sector y les permite dirigir parte de sus beneficios a
sostener la infraestructura eléctrica.
"Las empresas
han tenido buenos resultados y, en alguna medida, esos resultados los
fueron trasladando a la infraestructura", dijo a Efe Besmedrisnik, para
quien lo del 16 de junio fue un "gran inconveniente" que entra dentro
del "terreno de los imponderables" que "no necesariamente están
asociados a la falta de inversión". Según fuentes
oficiales, en los últimos tres años se invirtieron unos 13.000 millones
de dólares en obras de generación y en redes de distribución que
permitieron reducir en un 40 % la cantidad de cortes en el servicio
eléctrico.
De acuerdo a Úrsula Cassinerio, analista
de la calificadora Moody's, las compañías locales de trasmisión y
distribución deberán invertir cerca de 30.000 millones de pesos (unos
700 millones de dólares) en los próximos dos años bajo el régimen de
revisión integral de tarifas establecido en 2017.
"Será de vital importancia contar con aumentos tarifarios oportunos para
ejecutar adecuadamente el plan de inversión y mitigar los riesgos
evidenciados con este incidente", apuntó Cassinerio, para quien el
apagón masivo "evidencia la fragilidad del sistema de energía
eléctrica".
En un reciente informe, Moody's dijo que
la inestabilidad macroeconómica -en 2018 Argentina entró en recesión,
con sobresaltos cambiarios y alta inflación- y los costes financieros
extremadamente altos han retrasado los proyectos en el sector.
Según la calificadora, pese a que el apagón muestra que es necesario
reforzar y aumentar la seguridad del sistema, es "poco probable" que el
Gobierno otorgue cualquier proyecto significativo hasta las elecciones
presidenciales de octubre.