EFE | La
Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente
de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia por desoír
la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los
edificios públicos en la campaña de las municipales y las europeas del
26M.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pide además al
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que multe a Torra con
30.000 euros y que se acuerde su inhabilitación para el ejercicio de
funciones de gobierno o de cargo público de ámbito "local, autonómico,
estatal o europeo". Esa inhabilitación, especifica la Fiscalía, conllevaría la
"privación definitiva" del cargo público que ocupara Torra, así como de
los "honores que le sean anejos", y su imposibilidad de obtenerlo
durante el tiempo de la condena.
En el escrito presentado ante el TSJC, el ministerio público acusa a
Torra de "evidenciar su desprecio" a acatar la orden que la Junta
Electoral Central dictó el 11 de marzo pasado, a raíz de una denuncia
presentada por Ciudadanos, para que quitara los lazos y "esteladas" de
los edificios públicos durante la campaña, elementos que finalmente
acabó retirando, ya fuera de plazo.
Según mantiene la Fiscalía, la Junta ordenaba a Torra suprimir de
forma "inmediata" lo que no son sino "símbolos asociados a una
determinada filiación ideológica o política alineada con los partidos u
organizaciones que propugnan la secesión" de Cataluña.
Pese a la "claridad" de la orden y que debía ser cumplida "sin
excusa si pretexto" por ser firme, añade la Fiscalía, Quim Torra
"decidió desatenderla" y presentó un escrito en el que pedía a la Junta
que reconsiderara el acuerdo adoptado, al tiempo que, en una aparición
pública en Tarragona, "manifestó su negativa a retirar la simbología
aludida".
El 18 de marzo pasado, sostiene el ministerio público, la Junta
adoptó un nuevo acuerdo en el que reiteraba su requerimiento a que
retirara los lazos, resolución que Torra pidió suspender alegando la
"supuesta imposibilidad" de cumplirla, "dada la multitud de edificios de
la Generalitat", según el ministerio público.
El presidente catalán adujo también ante la Junta Electoral que
estaba a la espera de un informe del Síndic de Greuges sobre el asunto,
aunque, recuerda la Fiscalía, ese dictamen "obraba en manos del acusado
desde, al menos, el día 15 de marzo" y recomendaba atender el
requerimiento de eliminar los lazos.
El escrito del ministerio público subraya que Torra "desatendió
abiertamente" la orden de la Junta y, "evidenciando su desprecio" a la
misma, sustituyó la pancarta con un lazo amarillo del balcón de la
Generalitat "por otra idéntica con el lazo en color blanco".
Vista la "contumacia" del procesado, sostiene la acusación pública,
la Junta Electoral adoptó el 21 de marzo un nuevo acuerdo en el que
ordenaba al Departamento de Interior que los Mossos d'Esquadra retiraran
los símbolos independentistas, requerimiento al que la policía
catalana, subraya el fiscal, dio "estricto cumplimiento" sin
incidencias.
En un auto del pasado 27 de junio, el magistrado del TSJC Carlos
Ramos dejó a Torra a un paso de juicio, al concluir que tenía
"perfectamente" a su alcance la posibilidad de cumplir los mandatos de
la Junta Electoral Central y que, pese a ello, "optó por persistir en la
desobediencia" por su "clara voluntad obstativa a su cumplimiento".
De hecho, el propio Torra admitió el pasado 15 de mayo, en su
declaración como investigado ante el juez, que desobedeció la orden
"ilegal" de un órgano "incompetente" como la JEC, ya que como presidente
catalán se debe a un "mandato superior" de la ciudadanía.
Ayer mismo, la defensa de Torra presentó un escrito ante el TSJC para
exigir que se aparte de la causa al magistrado que la investiga, Carlos
Ramos, ante su "absoluta falta de imparcialidad", porque cree que se ha
demostrado su "claro ánimo de criminalizar" al presidente catalán y que
"le mueve un especial interés" en que se siente en el banquillo de los
acusados.
La petición por desobediencia a que se enfrenta Torra supera la
condena a un año y un mes de inhabilitación que el Supremo impuso al
expresidente de la Generalitat Artur Mas, por mantener el referéndum del
9N de 2014 pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional.