EUROPA PRESS | El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado que
conste en el registro de la propiedad que el Pazo de Meirás, ubicado en
el municipio coruñés de Sada, está inmerso en una causa judicial. Así lo han informado hoy fuentes judiciales tras admitir a
trámite el pasado 12 de julio la demanda presentada por la Abogacía del
Estado para reclamar a la familia Franco la devolución del Pazo de
Meirás.
Ese mismo día, el juzgado instructor acordó la
adopción de las medidas cautelares solicitadas que se refieren, en
concreto, a la "anotación preventiva de la demanda en el registro de la
propiedad", indican las mismas fuentes judiciales. Esa medida
se produce a raíz de que el Gobierno central ha presentado una demanda
judicial contra la familia Franco para reclamar la devolución del Pazo
de Meirás. El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado
por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y
personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura
franquista.
La familia Franco había puesto a la venta el Pazo
de Meirás a través de una inmobiliaria cántabra, en la que se ofertaba
el histórico inmueble localizado en el municipio de Sada, que fue
utilizado como residencia de verano por Francisco Franco, por una
cantidad de ocho millones de euros, la misma cifra que se pedía en el
primer anuncio que se había publicado unos meses antes.
Denuncia
La denuncia contra los herederos del dictador ha sido presentada el
miércoles pasado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña
por la Abogacía del Estado, argumentando que la compra del inmueble por
parte del dictador en 1941 fue "simulada y fraudulenta", ha explicado
el Ministerio de Justicia. El estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz
un documento que demuestra que Francisco Franco "falseó el título con el
que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad",
informó el Ministerio de Justicia.
Los hechos en los que se
basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se
constituyó la denominada 'Junta pro Pazo del Caudillo', que estaba
integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña, entre
otras autoridades, con el fin de adquirir un inmueble representativo en
la provincia para ponerlo a disposición del autoproclamado jefe del
Estado para su utilización como residencia veraniega.
El 3 de
agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces
propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del
hijo de Emilia Pardo Bazán), y la 'Junta pro Pazo del Caudillo', por un
precio de 406.346 pesetas. Esta escritura, desconocida hasta
el momento, fue localizada por la Abogacía del Estado en el curso sus
trabajos.
"La financiación de la compra se planteó inicialmente a través
de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado,
se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción
de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de
fondos de las administraciones locales", han defendido. Desde
la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas
actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y
servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras,
el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie
de reformas que "fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la
Administración General del Estado".
Simulación de compra
Aunque desde la venta a la 'Junta pro Pazo del Caudillo' el inmueble
ya se usaba como residencia veraniega oficial de Franco, el 24 de mayo
de 1941 se otorga una segunda escritura pública "en la que se
presuntamente se simula la venta del Pazo" por parte de Manuela Esteban
Collantes -que tres años atrás se lo había vendido a la Junta- a favor
de Francisco Franco, por un supuesto precio de 85.000 pesetas.
"Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo
de Meirás en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción, derivada de
una compraventa ficticia, es la que permitió que, al fallecimiento de
Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija,
Carmen Franco, de quien pasó a su vez, a sus hijos y herederos",
defiende el Gobierno.
En los casi 40 años en los que fue
utilizado como residencia oficial de verano, el Pazo de Meirás fue
administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, "con el mismo
uso público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de
Ministros y de numerosos actos y audiencias, administrándose
exclusivamente con fondos y funcionarios públicos", abunda la denuncia.
"Incluso después del fallecimiento de Franco, el inmueble continuó
durante varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil", señala el
Ministerio de Justicia.
Problemas con la familia
Las Torres de Meirás fueron declaradas BIC con categoría de sitio
histórico en el año 2008, con el Gobierno del bipartito de PSdeG y BNG.
Los herederos del dictador recurrieron a la justicia para intentar
paralizar la declaración como edificio protegido y la obligación de que
fuese abierto al público. El Gobierno gallego llegó a formalizar un convenio con la familia Franco
con la obligación de abrirlo un mínimo de cuatro días al mes.
El
itinerario guiado por el Pazo de Meirás se estableció teniendo en cuenta
su declaración como BIC. A pesar de ello continuaron los
incumplimientos de apertura del inmueble por parte de los herederos de
Franco, y la Xunta llegó a iniciar un expediente en marzo de 2017 tras
constatarse que el teléfono habilitado para gestionar las solicitudes de
visitas no estaba operativo.
Proceso de recuperación
Galicia decidió arrancar el proceso de recuperación del Pazo de
Meirás en el año 2017. El Parlamento gallego impulsó una comisión de
expertos, constituida en noviembre de ese año, para investigar esta
posibilidad, presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y
formada por 11 miembros del mundo académico, jurídico y patrimonial.
Posteriormente, la Diputación da Coruña encargó un informe jurídico con
el mismo fin.
Los participantes en estos grupos de
investigación arrojaron conclusiones similares y que sirvieron de base
para los trabajos de la Abogacía del Estado: que hubo una "venta
simulada" de este inmueble a Francisco Franco, lo que avala la "nulidad"
de este contrato, y que el Pazo había sido utilizado como sede de la
Jefatura del Gobierno durante mucho tiempo.
Asimismo, la
Cámara gallega llegó a pedir hasta en dos ocasiones por unanimidad, una
en julio de 2018 y la segunda el pasado mes de junio, para instar a la
Xunta a reclamar al Gobierno del Estado que inicie "de manera urgente"
las acciones legales "pertinentes" para la recuperación del Pazo de
Meirás. El pasado mes de octubre el Gobierno central encargó
un informe jurídico sobre la situación del Pazo de Meirás para estudiar
la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las
garantías, y evitando que puedan prosperar posibles reclamaciones de la
familia Franco. EP