EFE | El
Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) el régimen de financiación del bono social eléctrico, que se
aplica a los consumidores de energía más vulnerables, tal y como acordó
el pasado 27 de marzo el Tribunal Constitucional (TC).
Ese día, el Constitucional estimó el recurso de amparo interpuesto por
el Gobierno e instó al Supremo a acudir a la justicia europea, al
entender que las sentencias dictadas por este tribunal en octubre de
2016, que tumbaron este régimen al declararlo incompatible con la
normativa comunitaria, lesionaba el derecho a un proceso con todas las
garantías. Ahora, el Supremo acude al TJUE para aclarar si, de
acuerdo con la doctrina establecida por ese tribunal de Justicia,
resulta compatible una regulación nacional en la que la financiación del
bono social se hace recaer sobre determinados agentes del sistema
eléctrico cuando algunas de ellas tienen muy "escaso peso específico" en
el sector.
También, sobre la fórmula para financiar
este bono social, que no se establece con carácter excepcional, ni con
un alcance temporal limitado, sino de forma indefinida y sin retorno ni
medida compensatoria alguna. En octubre de 2016, la
sala de lo Contencioso-Administrativo declaró inaplicable este régimen
de financiación tras estimar los recursos interpuestos por EON España y
Endesa.
En dos sentencias, que reconocían una
indemnización a ambas compañías, los magistrados destacaban que en
función de la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad "las obligaciones de servicio público
deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y
controlables". Además, consideraban que el régimen
quebrantaba el principio de proporcionalidad ya que "hace recaer la
carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico,
con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida
compensatoria".
Un mes después, el Gobierno planteó
un incidente de nulidad contra ambos veredictos, que obligaban a
devolver a las grandes eléctricas unos 500 millones de euros, según
fuentes oficiales, el cual fue rechazado por la sala.
Negativa que llevó al Ejecutivo a recurrir ante el Constitucional, tras
haber aprobado un real decreto con el nuevo modelo y una reforma de la
Ley del Sector Eléctrico para impedir que se cortara el suministro a los
hogares "extremadamente vulnerables".