EFE | El
Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado
que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de
vientres de alquiler que operan en España.
Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación
por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación
española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se
lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".
Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en
su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se
vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se
hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con
las parejas. Todo ello sin perjuicio de dar solución a
las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés
superior del menor, subraya Justicia.
La legislación
española declara "nulo de pleno derecho el contrato por el que se
convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que
renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un
tercero". Por ello, son numerosas las familias que
acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados
por una mujer extranjera.
Desde el Gobierno, la
ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se
perseguiría "a las mafias" que trafican con los vientres de las mujeres
"aquí y dónde sea", mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa
Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con
"la compra venta de niños. El debate sobre su posible
legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert
Rivera, considera que en la gestación subrogada "solo hay amor, vida,
libertad y respeto" y que recurrir a los vientres de alquiler es "un
derecho".
Ciudadanos rechaza que se criminalice a
las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos
mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros
por gestación. El pasado mes de enero, el Consejo
Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un
documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a
los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés
nacidos en otros países y agilizar la adopción.
En
la elaboración de este documento sobre los "vientres de alquiler"
participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y
presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que
alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un
bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas".