El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, junto
al conselleiro de Economía, Empleo e Industria en funciones, Francisco
Conde, se reunieron hoy con el comité de empresa de Alu Ibérica con el
que acordaron solicitar por escrito al Gobierno central que haga una
auditoría técnica y financiera del contrato de venta de la factoría y
que se traslade a la Mesa del Diálogo Social en España la necesidad de
establecer un precio eléctrico competitivo para la industria
electrointensiva.
Al término de la reunión, Conde subrayó que
Xunta y comité de empresa tienen una “visión compartida” ante “un
objetivo común”, que es defender los intereses de los trabajadores y,
por lo tanto, que se establezcan garantías para que la planta de Alu
Ibérica pueda mantener sus puestos de trabajo más allá del 2021. Esas
garantías, según Conde, pasan, en primer lugar, por que el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establezca un precio
eléctrico competitivo en igualdad de condiciones que el resto de países
europeos y se pueda garantizar así la producción de aluminio primario en
Galicia. Por eso, Xunta y comité de empresa van a reclamar
conjuntamente que haya un acuerdo a nivel nacional entre Gobierno y
sindicatos en la defensa de esta industria.
En segundo lugar,
señaló la necesidad de que el Gobierno, a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, haga una auditoría técnica y financiera
para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados entre
Alcoa y Parter hace un año y se garanticen esos compromisos hasta junio
de 2021.
La Xunta sigue estando del lado de los trabajadores,
defendiendo el mantenimiento de sus empleos, y ofreciendo a mano tendida
al Gobierno para colaborar y conseguir una solución. En este sentido,
es necesario que desde la Administración central se convoque la subasta
de interrumpebilidad para el segundo semestre del año, se incremente el
presupuesto de las compensaciones por emisiones de CO2, y se apruebe el
Estatuto para los consumidores electrointensivos en base a los alegatos
presentados por los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y
Cantabria, por los trabajadores y por la propia industria. En
definitiva, es imprescindible fijar un precio eléctrico estable para que
el sector pueda competir en iguales condiciones que el resto de Europa.