EFE | El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está satisfecho con las
medidas adoptadas por Felipe VI para fortalecer la Monarquía, una
institución que está, afirma, "incluso por encima de las personas que la
encarnan", y se muestra convencido de que "la Justicia, si tiene que
actuar, actuará" ante las actividades de su padre, Juan Carlos I. Tras cumplirse un mes del fin del estado de alarma, Campo analiza en una
entrevista con Efe la actualidad marcada por la investigación de la
Fiscalía al rey emérito, las medidas adoptadas recientemente por las
comunidades para intentar frenar los brotes de coronavirus y la
situación que se avecina en los juzgados, donde se espera un alud de
procedimientos en los próximos meses.
Desde la sede del Ministerio, Campo lanza un mensaje de "tranquilidad" y
"confianza" en las instituciones "al margen del comportamiento de las
personas", en relación con la investigación de la Fiscalía del Tribunal
Supremo sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a
la Meca donde podría estar involucrado Juan Carlos I. "La Justicia es lenta pero actúa. Habría que repasar las hemerotecas
para ver a muchos que pensábamos que eran intocables, dónde están hoy",
subraya el ministro, y agrega: "Que nadie tenga miedo de eso: Si tiene
que actuar, actuará".
Campo admite sentir preocupación por las noticias en torno al rey
emérito, pero cierra al mismo tiempo filas con Felipe VI, quien ha dado,
sostiene, "enormes pasos para fortalecer la institución" y ha hecho
"cosas tremendamente importantes para identificarse con la ciudadanía",
dotando de transparencia a la Monarquía. "¿Hasta dónde debe llegar? Él
lo tendrá que ver", opina
Rehúsa el ministro entrar a analizar si el Gobierno debería retirarle la
condición de rey emérito, que "simplemente" le da un tratamiento de
aforado, y pide hacer un "esfuerzo intelectual" para distinguir la
institución de "las actuaciones puntuales" que puedan desarrollar sus
miembros.
A su entender, hay que dejar actuar a una Justicia que, subraya, "es
igual para todos" y en la que se debe respetar la presunción de
inocencia, "también" para el rey emérito, a quien la pérdida de la
inviolabilidad que conllevó su abdicación lo convirtió en alguien "igual
que cualquier otro ciudadano". "¿Que puede ser investigado a partir de
ahí? Sin ninguna duda", argumenta.
La misma presunción de inocencia la defiende también Campo para el
vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en relación al caso
Dina, una pieza del caso Villarejo sobre el presunto robo del teléfono
de una exasesora de Podemos y donde el juez le acabó retirando la
condición de perjudicado al apreciar contradicciones entre su versión y
la de la exempleada.
El Gobierno no contempla aplicar el Estado de Alarma Parcial
El ministro de Justicia no descarta abordar con el sosiego necesario
reformas legales para afrontar de manera eficaz situaciones inéditas
como la que ha provocado la pandemia de COVID, pero también recalca que
lo ocurrido ha demostrado que no había "plan B" al estado de alarma que
decretó el Gobierno.
No obstante, considera que la legislación actual contempla herramientas
suficientes para proteger a los ciudadanos a partir de un concepto que, a
su juicio, ha estado presente en todo momento: la cogobernanza entre el
Ejecutivo y las comunidades autónomas.
Afirma el ministro que no procede aplicar en estos momentos un estado de
alarma parcial, dado que las comunidades tienen margen para actuar,
siempre con control judicial cuando afectan a derechos fundamentales, y
lo están haciendo "con gran acierto".
De hecho, hace hincapié en que se están tomando las medidas adecuadas, como demuestra que "no hay ningún rebrote descontrolado".
Campo se muestra particularmente satisfecho del amplio consenso que ha
suscitado en el Congreso el proyecto de ley de medidas que buscan evitar
el colapso de los juzgados tras la pandemia.
A su juicio, es un hecho "tremendamente histórico" que partidos como el
PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos o PNV hablen "el mismo lenguaje" y
hay que celebrar que "la cogobernanza en Justicia ha llegado también a
los grupos parlamentarios".
El objetivo de ese proyecto y del plan de choque dotado con 50 millones
de euros no solo es evitar el colapso de la Justicia, sino también
prepararla mejor por si la situación sanitaria provocara un nuevo parón.
Campo confía en que eso no ocurra, pero subraya que lo importante es
estar "preparados" para conseguir que, si se tienen que adoptar medidas
excepcionales, se cause un "menor detrimento" en el servicio público.
"Claro que hay que investigar el espionaje, también en el Parlamento"
El ministro es partidario de investigar "siempre" hechos "graves" como
el presunto espionaje al presidente del Parlament de Cataluña, Roger
Torrent, sobre el que los socios de Gobierno y de investidura del PSOE
han pedido una comisión de investigación parlamentaria.
"Claro que hay que investigar siempre desde los distintos planos que la
sociedad articula, fundamentalmente a través de los tribunales de
justicia, pero también de las comisiones de investigación que se puedan
realizar en sede parlamentaria".
Al respecto, recuerda que él formó parte de la comisión que dio por
probado que durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández
Díaz como ministro del Interior, "se había instrumentalizado a un sector
de la policía con fines políticos, para vigilar al adversario
político".
Al Ministerio de Justicia ya han llegado "dos o tres" peticiones de
indulto que afectan a la mayoría de los condenados por el "procés", pero
Campo asegura que se tramitarán "cuando les toque", sin ningún
"tratamiento de favor o desfavor".
Asume que ese debate generará "tensión política", pero tiene claro que
el Gobierno "actuará como corresponda en derecho" después de escuchar al
tribunal sentenciador y la Fiscalía. Y recuerda que la decisión del
Ejecutivo podría ser recurrida ante el Supremo.
Del mismo modo que se puede recurrir, recuerda, la decisión de la
administración penitenciaria catalana de conceder el tercer grado a los
condenados, un asunto que ahora estudia la Fiscalía y sobre el que el
ministro prefiere no pronunciarse por desconocer el expediente y "por
razones obvias".
Fiscales más autónomos y con más capacidad para discrepar
Uno de los principales retos del ministro es la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que data de 1880, para, entre otras
cuestiones, encargar a los fiscales la dirección de las investigaciones
penales.
El ministro tiene claro que presentará su anteproyecto antes de fin de
año, pero también que eso será solo el comienzo de un amplio debate y
que puede tardar "cuatro, cinco o seis años" antes de que empiece a
aplicarse, dado que será necesario cambiar las normas de funcionamiento
del ministerio fiscal.
"Si vamos a poner al fiscal a promover la acción de la justicia y
dirigir la investigación criminal, tenemos que dotarle de una mayor
fortaleza de la que tiene. Bajo unos principios claros de unidad de
acción y dependencia jerárquica, que son los motores o pilares de
actuación del ministerio fiscal, tenemos que robustecer la posición del
fiscal individualmente para que si quiere discrepar con su jefe tenga
mecanismos claros para hacerlo, para que la autonomía de actuación sea
más sólida de lo que lo es hoy", sostiene.
Y cree que en este debate no debe influir "en absoluto" que la actual
fiscal general sea su antecesora en el ministerio, Dolores Delgado.
Entre otras cosas porque "cuando la ley entre en vigor posiblemente no
estemos ninguno de los protagonistas en escena", apunta.
Confiado en un cambio de actiud del PP para renovar el CGPJ
El otro gran reto pendiente desde hace más de año y medio es la
renovación del Consejo General del Poder Judicial y, desde hace ocho
meses, de un tercio del Tribunal Constitucional, para las que son
necesarias mayorías parlamentarias de tres quintos, es decir, un acuerdo
entre PP y PSOE.
Campo es optimista tras el apoyo del PP al decreto para evitar el
colapso de la Justicia y el resultado de las elecciones gallegas, en las
que los ciudadanos "han mandado un mensaje claro sobre qué PP quieren".
"Me quedo con ese PP que apoya, que mejora, que lucha por que la
Justicia tenga mejores instrumentos legales y espero que ese clima se
proyecte también en lo que es una deuda de hace un año y seis meses",
subraya.