EFE | El
juez Manuel García Castellón ha imputado a la amiga de Juan Carlos I
Corinna Larsen y la ha citado el 8 de septiembre en la pieza en la que
investigaba las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con el
excomisario José Villarejo en las que ésta hablaba de las cuentas del
rey emérito en Suiza.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la reapertura de esta
pieza, denominada Carol y que es la número 5 del caso Villarejo, y
también ha llamado a declarar en septiembre como imputados al
excomisario José Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente
de Telefónica Juan Villalonga, según confirman a Efe fuentes jurídicas
este lunes. El juez explica que ha acordado reabrir esta pieza, archivada el 7 de
septiembre de 2018, tras recibir los informes policiales en los que se
han analizado los archivos de audio de Corinna encontrados en los
domicilios de Villarejo y Redondo y la solicitud de cooperación judicial
remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los
que el Ministerio Público de aquel país pedía la colaboración por la
conexión entre los hechos de ambas investigaciones.
La reapertura, explica el juez, se dirige en concreto a esclarecer la
posible existencia de un encargo por parte de la señora Larsen al señor
Villarejo, encargo que vendría referido a la obtención en España de
unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así
como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho,
"sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de
infracciones".
En una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Corinna,
ésta le expone sus inquietudes respecto a una asistente personal
española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.
Villarejo, tras recomendarle chequear sus llamadas y mensajes para saber
con quién hablaba, le vendió sus servicios explicando que tenía los
mejores especialistas del mundo.
En ese sentido, el juez considera que debe averiguarse si el encargo
llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que podría
constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber
intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.
En esa conversación aluden a un tal Juan, que se cree que es
Villalonga, al aparecer al principio de otras grabaciones, como la
persona que puso en contacto a Corinna con Villarejo y quien, según el
excomisario, le dijo que tenía que defender a Larsen "a muerte".
La amiga del rey le dio todos los datos personales de la asistente
que le pidió Villarejo, nombre, apellidos, estado civil, y el
excomisario se comprometió a tener datos sobre ella en un mes.
Estas manifestaciones, dice el instructor, "justifican cuanto menos
esclarecer si se llegó a materializar el encargo referido, en qué
consistió y si se abonó cantidad o hubo ofrecimiento o promesa de
compensación".
El juez considera que los últimos informes policiales recibidos le
permiten reabrir esta pieza sin la necesidad de una querella por parte
de la Fiscalía por tratarse de un delito de español cometido en el
extranjero (Villarejo grabó estos encuentros en Londres, donde vive
Larsen).
Ambos intervinientes, expone el auto, hablan de hechos que se podrían
haber cometido en España, "como es la obtención de información a través
de servidores radicados en territorio nacional (...) respecto a
dispositivos radicados también en España". Además, "al no venir referida la reactivación, en este momento a los
delitos conexos que parecen deducirse de las manifestaciones de Corinna
Larsen" sino al citado encargo, "esta investigación no se diferenciaría
de las que son objeto" en esta causa.
Dado que el juez y la Fiscalía han mantenido una discrepancia sobre
la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, el
magistrado acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que
informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva y sobre la
competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los
hechos.
A esta nueva investigación en la Audiencia Nacional se suma la que
tiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el presunto cobro
de comisiones para la adjudicación del AVE a La Meca (Arabia Saudí) y
que le remitió Anticorrupción al comprobar que podría estar involucrado
el rey emérito, que es aforado y cuya inviolabilidad hasta que dejó de
ser rey en 2014 impide que se le pueda investigar por hechos cometidos
antes de su abdicación.
Al pedir el archivo de la pieza Carol, la Fiscalía señaló que los
indicios de la "eventual intervención" de Juan Carlos I en los hechos
relatados por Corinna eran "extraordinariamente débiles, pues consisten
en la mera referencia que hace una persona (Corinna)". No obstante, Anticorrupción creyó procedente indagar por su cuenta
los pormenores de la adjudicación de la obra del AVE a La Meca (Arabia
Saudí) en 20111 y, mientras eso se producía, se conoció la investigación
del fiscal suizo Yves Bertossa sobre una cuenta de una fundación
panameña vinculada al rey emérito en la que le fueron ingresados 65
millones de euros que después transfirió a otra de Corinna.