EFE | Dos meses después del fin del estado de alarma, España suma más de un
millar de brotes y 3.650 nuevos casos detectados en las últimas 24
horas, una preocupante situación que lleva a las comunidades autónomas a
reiterar recomendaciones y plantear medidas de hace semanas, entre
ellas el cierre de los prostíbulos o la petición de permanecer en casa.
El 21 de junio, España dejó atrás el estado de alarma arrastrada por el
optimismo de los buenos datos de la pandemia, pero el Ministerio de
Sanidad ha sumado este viernes otros 8.148 casos, 3.650 detectados en
las últimas 24 horas, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid, que
ha notificado 1.199.
Tras la madrileña, y a falta de los datos de Cantabria, que no los ha
cargado, la comunidad con más infecciones detectadas el día previo ha
sido el País Vasco (685) seguida de Aragón (342) y Andalucía (303),
según el balance de Sanidad. Con estos datos, España suma ya 386.054 contagiados desde el inicio de
la pandemia y 28.838 fallecidos, 125 de ellos en la última semana, una
cifra que no incluye a aquellos que murieron con síntomas de la covid-19
pero a quienes no se les hizo una PCR.
Ante este panorama, las comunidades autónomas comienzan a recuperar restricciones y recomendaciones de hace semanas. Es el caso de Madrid, cuyo Gobierno autonómico ha recomendado que en las
zonas de la región con más positivos "se intenten evitar viajes
innecesarios" y se opte por "quedarse en casa", además de enfatizar que
es "absolutamente recomendable" que no haya más de diez personas en las
viviendas. Madrid, por el momento, descarta los confinamientos
selectivos.
Por otra parte, la petición que hizo ayer la ministra de Igualdad, Irene
Montero, a las comunidades autónomas de cerrar los prostíbulos y
locales de alterne, ya que los contagios que se produzcan en estos
lugares pueden conllevar un "aumento potencial de positivos de difícil
rastreo", ha calado ya en algunos Gobiernos autonómicos, como
Castilla-La Mancha. El Gobierno de Emiliano García Page ha decretado la clausura de los
prostíbulos que hay en Castilla-La Mancha, una orden que se hará
efectiva a las 00:00 horas del próximo domingo, 23 de agosto.
También la Comunidad de Madrid estudia el cierre de este tipo de
locales, pero aprecia dificultades ya que se trata de una actividad no
regulada. El Govern catalán ha dado este viernes por cerrados los prostíbulos con
la resolución que publicó ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) que prorrogó sin fecha el cierre de discotecas,
karaokes, bares musicales, salas de baile y de fiestas y
"establecimientos públicos con reservados anexos".
La ministra no ha tardado en celebrar estas decisiones, por
considerarlas "un primer paso imprescindible para luchar contra la
explotación sexual, la forma más cruel de violencia machista". "Animamos
a otras comunidades a dar este paso", ha añadido. Sin embargo, estas medidas siguen provocando dificultades de aplicación,
y hoy el titular del Juzgado de lo contencioso administrativo
número 2 de Madrid ha decidido no ratificar la orden dictada por el
gobierno regional para el cierre del ocio nocturno y la prohibición de
fumar al argumentar que "desde una comunidad autónoma no se pueden
limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa
declaración de la alarma".
Al respecto, el juez subraya que la orden de la Comunidad de Madrid con
las nuevas restricciones se basa en una orden del Ministerio de Sanidad
que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
"cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que
ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos". Pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ve el auto "confuso" y como
consecuencia van a pedir "una urgente aclaración del mismo", ya que no
está del todo claro si la decisión del juez implica la inmediata
suspensión de la orden y por consiguiente las discotecas están
autorizadas a abrir desde esta misma noche.
La Moncloa ha respondido este viernes al juez que ha anulado la orden
madrileña que éstas son medidas "proporcionales" contra la pandemia,
acordadas por unanimidad entre Gobierno y Comunidades Autónomas, y le
recuerda que solo requieren autorización judicial las decisiones que
impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho
fundamental.