EFE | El
Gobierno británico prepara un texto de legislación que podría anular
partes del acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE) alcanzado en
2019, algo que amenaza con perjudicar las negociaciones comerciales
entre Londres y Bruselas. Esta información, adelantada por el diario Financial Times, ha
coincidido con el ultimátum dado por el primer ministro británico, Boris
Johnson, para que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo sobre su
futura relación comercial para este 15 de octubre, de lo contrario su
país concretará la desconexión del bloque europeo sin pacto cuando
termine el periodo de transición el 31 de diciembre.
Las amenazas del Ejecutivo conservador salen a la luz antes de que
empiece mañana otra ronda de conversaciones entre el negociador
británico, David Frost, y el del club comunitario, Michel Barnier. Las negociaciones no han conseguido hasta ahora avances debido a las
dificultades para superar los asuntos más espinosos, como el acceso de
la flota pesquera comunitaria a las aguas británicas. Este miércoles, el Gobierno espera introducir en el Parlamento la
controvertida legislación -denominada Proyecto de Ley del Mercado
Interno- que puede llegar a anular aspectos clave del acuerdo de
retirada sellado con la UE, que despejó el camino para la salida oficial
del Reino Unido de la UE el pasado 31 de enero.
Aunque ese proyecto aún tiene que ser aprobado por el Parlamento,
contempla la posibilidad de eliminar la obligación legal sobre los
subsidios estatales y las aduanas con Irlanda del Norte. En concreto, la ley podría eliminar la obligación del Reino Unido de
controlar las mercancías que pasan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte,
como parte del acuerdo alcanzado con la UE para evitar una
infraestructura fronteriza entre esa provincia y la República de
Irlanda, a fin de no perjudicar el proceso de paz norirlandés.
El citado proyecto de ley está pensado para asegurar un
funcionamiento sin contratiempos del comercio entre Inglaterra, Gales,
Escocia e Irlanda del Norte una vez que el Reino Unido salga del mercado
único y la unión aduanera a final de año, cuando termina el actual
periodo de transición (también llamado de implementación). La posibilidad de dar marcha atrás al acuerdo de salida ha sido
recibida con inquietud por parte de algunos sectores políticos, como el
pro-europeo Partido Nacionalista Escocés (SNP), cuyo líder en la Cámara
de los Comunes, Ian Blackford, alertó hoy de que un “Brexit duro”, sin
acuerdo comercial con la UE, puede ser “devastador para Escocia porque
castigará al mercado laboral de la región y toda la economía escocesa en
medio de la pandemia de la Covid-19.
“Al amenazar con perjudicar las obligaciones internacionales del
Reino Unido e imponer a Escocia un catastrófico Brexit sin acuerdo en
contra de nuestra voluntad, el primer ministro está demostrando que no
se puede confiar en él y está poniendo de manifiesto la necesidad de que
Escocia sea un país independiente”, declaró este lunes Blackford a los
medios británicos. Además, la portavoz de Irlanda del Norte del opositor Partido
Laborista, Louise Haigh, acusó este lunes al Gobierno de “jugar otra vez
a un juego peligroso en Irlanda del Note y sacrificar nuestra posición
internacional” por la “incompetencia” del primer ministro.
En un comunicado divulgado este lunes por el Gobierno, Johnson dijo
que “tiene que haber un acuerdo con nuestros amigos europeos antes del
Consejo Europeo del 15 de octubre si va a entrar en vigor antes de final
de año”, por lo que dio a entender que no teme que finalmente no se
alcance una acuerdo comercial. Para el primer ministro, “no tiene sentido pensar en plazos que vayan
más allá (del 15 de octubre). Si no nos ponemos de acuerdo para
entonces, no creo que vaya a haber un acuerdo de libre comercio entre
nosotros, y deberíamos aceptarlo y pasar página”.
Johnson aludió a los puntos de discrepancia, sin citarlos, como los
subsidios estatales o la pesca, y aseguró que el Reino Unido no
renunciará “a los fundamentos de lo que significa ser un país
independiente” en pos del éxito de las conversaciones. El Ejecutivo conservador desea tener las manos libres para decidir si
respalda con una inversión estatal masiva sectores clave para la
economía como el tecnológico -pese a la tradición no intervencionista de
los “tories”-, y ve cualquier arreglo con Bruselas como un posible
lastre para esos subsidios.