EFE | El Ministerio de Hacienda impulsará en las próximas semanas un nuevo
decreto que, entre otras medidas, ya previstas, suspenderá la regla de
gasto en 2020 a fin de que los ayuntamientos tengan más recursos y un
mayor margen presupuestario con el que afrontar la actual crisis
provocada por la pandemia.
Tras el fracaso del decreto que había presentado el Gobierno y que
fue rechazado por una amplia mayoría la semana pasada en el Congreso, el
nuevo texto tendrá, según Hacienda, un impacto que superará los 3.000
millones de euros y en él se incluirán las medidas que "aparentemente"
generaron un mayor consenso entre los alcaldes. Es por ello, que el nuevo decreto no adoptará medidas relativas a los
remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha
evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos
políticos en el Congreso.
Según una nota de Hacienda, la ministra, María Jesús Montero, ha
expresado la mejor de las disposiciones para escuchar las propuestas y
soluciones alternativas que propongan los partidos políticos o los
propios ayuntamientos. Confía en que será posible encontrar una solución ajustada a la ley
que permita atender las reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos
para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los
consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y
social que necesitan los ciudadanos.
"El Gobierno es consciente de la importancia de los municipios para
abordar la fase de reconstrucción económica y social del país al ser la
administración más cercana a los ciudadanos", asegura. De este modo, se recuperarán las medidas de liquidez y alivio
financiero más necesarias y urgentes para los ayuntamientos, habilitando
las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación
local, que suponen casi 1.500 millones. El nuevo texto apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 -algo
ya previsto en el anterior decreto-, prorrogar para 2020 el uso del
superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente
sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones y ofrecer mejores
condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas, entre otras.
Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones
financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén
financiando con superávit de 2018, con un impacto potencial podría
alcanzar hasta los 621 millones de euros. Por otro lado, también se habilita la posible utilización del
superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre
este ejercicio en equilibrio presupuestario. Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas
a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica.
Así, las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus
deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del
Fondo de Ordenación y se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen
sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
acudiendo a préstamos con entidades de crédito.
Precisamente la Junta de Portavoces de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) se reúne este lunes para buscar
soluciones a la falta de liquidez de los consistorios y después de que
todos los partidos, salvo el PSOE y Unidas Podemos rechazaran la primera
propuesta planteada por el Gobierno.