EFE | El pleno del Parlament ha rechazado una propuesta de resolución
impulsada por Ciudadanos (Cs) que pedía que la cámara catalana acatase
la decisión del Tribunal Supremo (TS) sobre la eventual inhabilitación
del president de la Generalitat, Quim Torra. Ciudadanos, PPC y PSC han sido los únicos en votar a favor de
respetar la sentencia del TS, mientras que los comunes se han abstenido y
los partidos del Govern y la CUP han votado en contra.
"El
Parlamento de Cataluña reitera que el poder ejecutivo (encarnado por el
presidente de la Generalitat, el Govern y los funcionarios a su
servicio) y el poder legislativo (por los diputados al Parlamento de
Cataluña y la Administración parlamentaria) están obligados a cumplir
las resoluciones judiciales", decía el texto rechazado. Y proseguía: "Y, por tanto, deben acatar las resoluciones que dicte
el Tribunal Supremo en relación con el asunto por el que ha sido
encausado el Sr. Quim Torra, y cumplir los efectos jurídicos que se
deriven de ella".
También ha sido rechazada otra propuesta de la formación naranja que
pedía que la cámara catalana, en caso de inhabilitación de Torra, ponga
"en marcha rápidamente los trámites legales que conduzcan a la elección
de un nuevo presidente de la Generalitat" en el caso de que el
president, "como ha expresado él mismo en declaraciones públicas
reiteradamente, intente obstruir el desarrollo normal de las
instituciones".
En rueda de prensa, el presidente del grupo de Ciudadanos en el
Parlament, Carlos Carrizosa, advirtió ya este jueves al presidente de la
cámara, Roger Torrent, que en el caso de que Torra sea inhabilitado él
tendrá la "llave" para que no se lleve a cabo un bloqueo institucional
si se atrinchera en el cargo. Carrizosa ha pedido a Torrent que cumpla las provisiones legales si
Torra es inhabilitado, como la convocatoria en diez días de un pleno
para investir a otro candidato y que así corra el plazo previsto para,
en su caso, que se disuelva el Parlament y se convoquen elecciones
autonómicas.
"No siempre ha cumplido la ley en el pasado", recordó Carrizosa
sobre Torrent, quien ha señalado que no dudará como en el pasado en
tomar "acciones legales" contra el presidente de la cámara catalana para
exigir que se acate la normativa.
Por su parte, el propio Torrent ha dado por hecho que desbloqueará la
cuenta atrás hacia una convocatoria electoral en Cataluña si el
presidente de la Generalitat es inhabilitado y no hay un candidato
alternativo a la investidura. Si Torra fuese inhabilitado, se abriría un periodo de diez días
-según marca la ley de la Presidencia de la Generalitat- en el que el
presidente del Parlament, tras consultar a los grupos parlamentarios,
debe proponer un candidato a la investidura.
Sin embargo, Torra ha pedido explícitamente a su grupo, JxCat, que no
trate de investir a ningún sustituto, porque eso significaría a su
juicio bajar la cabeza ante el Supremo. Pero esa postura, sumada a su
negativa a convocar elecciones antes de que pueda ser inhabilitado,
puede dejar al Govern en una situación de interinidad durante meses, con
un bloqueo institucional temido por ERC.
La investidura de un presidente alternativo desencallaría la
situación, e incluso una investidura fallida -en la que el candidato no
obtuviese los apoyos suficientes- también permitiría un desbloqueo
porque activaría la cuenta atrás de dos meses para investir a un
president y, consumido ese plazo sin éxito, celebrar automáticamente
nuevas elecciones 54 días después.
Pero si no hay investidura, ni efectiva ni fallida, Torrent tiene
previsto activar igualmente la cuenta atrás de dos meses, con la
comunicación solemne de que no hay candidato alternativo.
"La ley es muy clara en este sentido", ha asegurado Torrent en una entrevista al programa "L'hemicicle" de Catalunya Informació. Llegado el caso, Torrent esgrimiría el informe que en 2018, tras la
investidura fallida de Carles Puigdemont, emitieron los letrados del
Parlament, en el que concluían que si la legislatura seguía encallada,
el presidente de la cámara catalana podía activar la cuenta atrás de dos
meses para no prolongar el bloqueo político.