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Economí­a

La Xunta prevé ampliar la minería a suelos rústicos de protección agropecuaria y forestal

La Lei da Minería de Galicia pretende regularizar la situación de "alegalidade" en la que están "moitas explotacións"

10-07-2006

La Xunta estudia la posibilidad de ampliar el suelo rústico en el que se pueden desarrollar actividades mineras a aquellos de protección agropecuaria y forestal. Así se recoge en el borrador del Anteproxecto da Lei de Ordenación da Minería de Galicia y, para ello, habría que modificar la normativa de Ordenación Urbanística. El documento legislativo fue presentado este lunes en Santiago por el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, y el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Calvo. Los dos coincidieron en la necesidad de "poñer orde" en este sector, cuya normativa vigente data de 1973. En este sentido, es significativo que también se apuesta por otra revisión de la Lei de Ordenación Urbanística, de forma que sea la de Ordenación da Minería la que regule la concesión de nuevas explotaciones mineras o la ampliación de las existentes. En esta dirección, Anxo Calvo manifestó el deseo de que la normativa sirva para "regularizar a situación de alegalidade na que se atopan moitas explotacións mineiras". De hecho, el Anteproxecto recoge que las actividades extractivas ubicadas en suelo rústico especialmente protegido podrán continuar su actuación en los ámbitos para los que disponen de licencia urbanística municipal. De no contar con este permiso, tendrán que obtenerlo para continuar con dicha actividad, siendo el Consello da Xunta el órgano encargado de valorar la compatibilidad o no de la explotación con los valores naturales, ambientales y paisajísticos existentes. El conselleiro destacó que la minería "tivo e sigue tendo" un peso considerable en Galicia, tanto a nivel económico como social o medioambiental. Por ello, considera que la nueva legislación "dará resposta aos cambios rexistrados no conxunto da sociedade". Concellos mineros El borrador de la Lei de Ordenación da Minería de Galicia consta de una exposición de motivos, seis títulos integrados por 65 artículos y tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria única y cuatro finales. El ámbito de aplicación de la normativa abarca la exploración, investigación, explotación y aprovechamiento de recursos minerales y demás recursos geológicos de la comunidad, así como los geotérmicos y de formaciones geológicas superficiales o subterráneas. Además, contempla la preparación para la venta de los recursos extraídos, la gestión de los residuos generados, la recuperación ambiental de terrenos afectados por tareas mineras y la actividad administrativa de apoyo para la mejora e innovación en las actuaciones mineras, procurando el cierre del ciclo productivo. La normativa también propone que el Consello da Xunta, a solicitud de los municipios afectados, podrá declarar como concellos mineros aquellos en los que exista o haya existido una dependencia económica de la minería. Estos ayuntamientos serán objeto de medidas y actuaciones específicas de adaptación de infraestructuras a sus necesidades, de mejora ambiental y seguridad y de diversificación del tejido productivo. Por otra parte, en vista de que uno de los principales objetivos es la asunción de competencias propias se configura, en esta dirección, el Consello da Xunta como el órgano superior de dirección y coordinación de la política minera de la comunidad. Además, cabe destacar la constitución del Colexio da Minaría de Galicia como un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento y la creación del Rexistro mineiro de Galicia, que será público, inscirbiéndose en él todos los derechos mineros autorizados o concedidos en la autonomía. Plan da Minería Asimismo, se redactará el Plano da Minaría de Galicia como "máximo instrumento" de planificación de la política minera. El ámbito de aplicación será la comunidad y su vigencia será de cinco años. En cuanto a los derechos mineros, su otorgación será a través de un proceso de participación de la ciudadanía, los concellos y los órganos autonómicos competentes. En este apartado, hay que destacar la limitación en los permisos, excepto supuestos excepcionales, de exploración e investigación. Las autorizaciones serán por un período de cuatro años; los permisos de exploración, por un año; los de investigación, por tres años; y las concesiones, por 75 años. Además, los concursos de derechos mineros serán públicos, pudiendo quedar desiertos. Galicia también tendrá competencia en materia de inspección, creándose un cuerpo de inspectores, que podrán acceder libremente a las instalaciones mineras, así como practicar diligencias, tomar muestras o adoptar medidas provisionales. Las sanciones podrán alcanzar la cuantía de 1 millón de euros, cuando sean muy graves. El sector podrá presentar alegaciones al texto dado a conocer hoy hasta el 24 de julio, mientras que los informes del Consello Social y otros órganos tienen de plazo hasta el 31 de agosto. La intención de la Consellería es que el anteproyecto se apruebe en el Consello da Xunta en la primera quincena de septiembre para después ser remitido al Parlamento.





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