El presidente de Transpesca, Ramón Fernández Tapias, ha asegurado en Radio Líder que el Gobierno español tiene que avalar las multas impuestas por Noruega a los arrastreros ?Arosa Quince?, ?Arosa Doce? y ?Arosa Nueve?, que ascienden a más de nueve millones de euros, aunque la juez que lleva el caso ha decidido reducirla a 3,4 millones de euros. Según Fernández Tapias, ?pedimos que nos avale porque consideramos que se discute aquí una soberanía de las aguas y esto es un asunto de Estado, no es un problema de que hayamos anotado más o menos pesca en el diario de pesca?. En todo caso, el presidente de Transpesca considera que la sobrepesca ?es una falta administrativa que cometen muchos capitanes por guardarse unas toneladas ante el armador para, el día que no tienen pescado, pasarlas. Eso es una falta leve que se puede sancionar, pero de eso a nueve millones de euros...?. Fernández Tapias considera que el país nórdico se está saliendo con la suya ya que, si tenía como objetivo echar de sus aguas a los barcos españoles, lo está consiguiendo. De hecho, apunta que varios navíos que podrían seguir faenando en el caladero han optado por regresar por miedo a verse en un conflicto parecido. Para evitar este tipo de episodios, el presidente de Transpesca solicita al Ejecutivo nacional más medios que les protejan y recuerda que ?los países tienen sus guardacostas y patrulleras que van acompañando a la flota?. Ramón Fernández Tapias apunta que ?estamos 500 familias trabajando en ese caladero y necesitamos una defensa del Estado español. Nos están expoliando y atracando en donde estamos trabajando, en terreno español porque los barcos son terreno español, en aguas internacionales y nos están atacando?. La empresa armadora, Transpesca, está preparando una querella criminal contra los funcionarios de la Guardia Costera por detención ilegal y delito contra la inviolabilidad al domicilio de dos buques ("Arosa 9" y "Arosa 12") en aguas internacionales. La presentará lo antes posible ante la Audiencia Nacional, aunque ya ha sido entregada a la Policía del puerto de Tromsoe, donde permanecen retenidas las embarcaciones.