Los constructores de la Vega Baja afectados por la paralización dicen que la "única" solución es que les devuelvan el dinero

Los constructores afectados por la paralización urbanística de la Vega Baja contemplan como "única" solución que se les devuelva el dinero entregado a la Empresa Municipal de la Vega Baja (EMVB) para construir 1.300 viviendas de protección pública previstas en la zona y que asciende a unos 66 millones de euros (once mil millones de pesetas). En rueda de prensa, el presidente de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), Angel Nicolás, insistió en nombre de los empresarios afectados (entre ellos tres cooperativas de vivienda) en que no aceptarán permutas de terrenos en otros lugares de la ciudad y dijo estar convencido de que acabarán en los tribunales. Además, puso de manifiesto que "no dejarán entrar a nadie" en "sus parcelas" si la zona no se declara Bien de Interés Cultural (BIC) en un trámite administrativo previo a los trabajos científicos arqueológicos que deberá llevar a cabo la Dirección General de Patrimonio de la Junta para dejar al descubierto la antigua ciudad visigoda. Angel Nicolás, que dijo estar "cansado de que se hagan tan mal las cosas en esta ciudad", considera que este asunto acabará en los tribunales de justicia, por lo que los empresarios afectados están consultando con cuatro bufetes de abogados de prestigio internacional para que les lleve el litigio al que se verán, previsiblemente, abocados, dijo el dirigente empresarial, uno de los adjudicatarios de las treinta parcelas. Explicó que el mes que viene acaba el plazo comprometido por el Ayuntamiento para dejar las parcelas urbanizadas con los servicios básicos (alumbrado, acerado) y "si esto no sucede emprenderán acciones legales contra la Empresa Municipal de la Vega Baja", lo mismo que harán si el Gobierno Regional comienza a trabajar en el yacimiento sin antes declararlo como Bien de Interés Cultural. Los propietarios de estos terrenos, donde ahora se pretende hacer un parque arqueológico, piden la devolución de las cantidades entregadas a la EMVB en virtud del convenio firmado con la Empresa Municipal en 2005 y que contempla que en el supuesto de que las parcelas no se pudieran urbanizar se "retrotraerían" a la situación inicial. Por tanto y como solución "más lógica y de sentido común" es la devolución de estos terrenos a su propietario anterior, la EMVB, y la entrega de lo aportado, además de los gastos derivados de los estudios previos arqueológicos que pagan los adjudicatarios y cuya devolución también reclaman. Preguntado por los costes de estos estudios arqueológicos, Nicolás dijo desconocer la cuantía global, pero, puso como ejemplo los más de 480.000 euros (unos ochenta millones de pesetas) que ha costado uno de ellos en una parcela de 6.300 metros cuadrados. También se refirió a los centenares de llamadas de cooperativistas que están preocupados por el dinero entregado como reservar para obtener una vivienda en la Vega Baja y que ahora ven frustrada su idea. El presidente de Fedeto urgió a las administraciones municipal y regional a resolver cuanto antes este asunto, en el que han quedado "pisoteados" los derechos empresariales y en el que se ha actuado con un "descaro tremendo" y sin analizar las consecuencias. Considera que han sido las presiones del grupo de comunicación 'Prisa' las que han motivado un cambio de opinión en la Junta sobre este asunto, porque en los últimos ocho meses no ha habido ningún informe que hubiera hecho cambiar las cosas, señaló Nicolás. Pero, además, recordó que la decisión de la Junta de convertir la zona en un yacimiento arqueológico de una superficie de 800.000 metros cuadrados no va acompañada de un acto administrativo que les permita el acceso a las parcelas que deberían estar urbanizadas el próximo mes de septiembre, por lo que también podrían ir a los tribunales. También mostró su malestar por no participar los adjudicatarios de las parcelas en la comisión mixta anunciada para el próximo cuatro de septiembre por la consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo. Asimismo, se refirió a las consecuencias que va a tener para la economía toledana la decisión de no urbanizar la zona, porque no solo se ven afectadas las 1.300 viviendas citadas, sino las proyectadas en el Cristo de la Vega y Circo Romano y anunció que las empresas afectadas no van a tener más remedio que despedir a trabajadores.