La Eurocámara urge a los Estados miembros a ayudar a España en inmigración

La comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros de la UE que adopten "medidas concretas" para auxiliar a España en la prevención de la inmigración ilegal tras la presión sufrida por las Islas Canarias este verano. La comisión aprobó por unanimidad el informe de los eurodiputados que visitaron Tenerife y Fuerteventura entre el 7 y el 10 del pasado junio, cuando pudieron constatar el "problema real de flujos masivos de inmigrantes" que sufre el archipiélago. A propuesta del eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera y con el respaldo del socialista Manuel Medina, los parlamentarios incluyeron, también unánimemente, una enmienda que reclama a la Comisión Europea y al Consejo "acciones concretas" para auxiliar a España ya que esta necesidad es más perentoria "tras los trágicos acontecimientos" vividos este verano en las islas. "No podemos seguir con la burocratización de dejar las cosas para mañana. No tenemos una política común de inmigración, pero sí una fosa común en el Atlántico", afirmó Díaz de Mera, en el debate previo a la adopción del informe. Por su parte, Medina lamentó que "los compromisos" de apoyo al Gobierno español "no se han cumplido" y censuró en particular la insuficiencia del despliegue realizado por la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex). ?Problema real? El informe, redactado por la británica Jean Lambert (Los Verdes), recoge las conclusiones de una visita que incluyó inspecciones en los centros de estancia o internamiento para inmigrantes de Las Raíces y Hoya Fría, en Tenerife, y El Matorral, en Fuerteventura, En términos generales, constata que Canarias sufre "un problema real de flujos masivos de inmigrantes", aunque apunta que las autoridades españolas parecían tener la situación "bajo control", pese a la "enorme presión" migratoria soportada durante el verano. "La impresión general es que los centros están correctamente gestionados y limpios, y que cubren las necesidades más básicas de los allí albergados. Las autoridades españolas se enfrentan adecuadamente a una muy difícil situación", señala el informe. Pese a referir algunos casos de "protesta mediática y política" contra los inmigrantes, los eurodiputados celebran el "enfoque humanitario" de políticos, autoridades y población local, y su determinación para reducir el alto número de muertes en el mar. En cuanto al procedimiento que siguen los indocumentados, explica que, tras 40 días de estancia, "la mayoría" de los retenidos en Tenerife son enviados a la península con una orden de expulsión. "No está claro si esta orden es ejecutada y si la gente es devuelta a su país de origen", puntualiza el informe, que admite "los problemas técnicos y políticos" de realizar una operación en la que "los países de origen no siempre colaboran". Esta situación, añade, propicia la "presencia ilegal de gran número" de ilegales en España. Los eurodiputados advierten específicamente de que "la situación de los menores (inmigrantes) es una verdadera emergencia", y entraña un coste "considerable" para Canarias. Por un lado, piden ayuda a la UE, especialmente en lo relativo a la identificación y el apoyo psicológico a los menores. Por otro lado, reconocen "los esfuerzos" del Gobierno español para vigilar las aguas y costas africanas, identificar las embarcaciones y rescatar cada vez a más inmigrantes. El "próximo paso", consideran, debería consistir en evitar que cayucos y pateras zarpen, y en desmontar "el lucrativo negocio" de los traficantes. Los parlamentarios se hacen eco de las quejas de ONG por el deficiente asesoramiento legal que estarían recibiendo los inmigrantes, en particular, en Fuerteventura, y concluyen su informe con una serie de preguntas al Gobierno español. Así, piden clarificaciones sobre esta asesoría legal, sobre el trato a los inmigrantes no africanos y a las mujeres africanas, que, a su juicio, parten en desventaja frente las latinoamericanas y son más proclives por tanto a tener que prostituirse. Asimismo, preguntan si el Gobierno tiene planes para mejorar la técnica de identificación de menores; si puede facilitarse el acceso de las ONG a los centros y si todos los indocumentados sin dinero tienen acceso a un teléfono para contactar con sus familias. El informe también recoge quejas de inmigrantes de que no pueden guardar las "posesiones o dinero" con que viajan y pide al Gobierno que clarifique si es así.