Garzón autoriza la celebración de la manifestación convocada en Alsasua bajo el lema "Euskal Herria tiene la palabra y la decisión"

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón consideró que la manifestación convocada para este sábado en Alsasua (Navarra) con el lema "Euskal Herria tiene la palabra y la decisión" no entra en el ámbito de la suspensión de actividades de Batasuna, por lo que debe permitirse su celebración. El juez afirma en un auto que no consta que la convocante, Blanca Esther Agirre, tenga "relación orgánica" con Batasuna o con personas imputadas en la causa y que el hecho de que otros impulsores de la marcha hayan estado "históricamente" vinculados a HB y EH "no es razón suficiente para impedir la celebración de un acto que, en principio, no presenta elementos para vincularla con Batasuna". Añade que "la única conexión que podría existir es la que tendría lugar a través de Juan Cruz Aldasoro, presunto responsable orgánico de Batasuna, que ha expresado su apoyo a título personal como 'militante de la izquierda abertzale'" y al que, no obstante, requiere para que "se abstenga de comparecer como convocante de la manifestación". Garzón también requiere a las Fuerzas de Seguridad para que actúen "contra los responsables que quebranten los límites de la autorización, que en todo caso vetan la aparición de cualquier tipo de símbolo, carteles, apoyos, lemas o pancartas vinculantes directa o indirectamente con Batasuna". "De esta forma, puede y debe conjugarse el derecho de expresión y manifestación -establecido en el artículo 21 de la Constitución- y la suspensión judicial acordada sobre Batasuna", concluye el juez. El magistrado adoptó esta decisión después de tomar declaración a Blanca Esther Agirre y a Juan Cruz Aldasoro, quienes a la pregunta de si son o no miembros de Batasuna insistieron en definirse como militantes de la "izquierda abertzale", según informaron fuentes jurídicas. La mujer admitió haber convocado la marcha de este sábado, pero añadió que su intervención acabó ahí, mientras que Aldasoro no quiso revelar quién le pidió que asistiera a la conferencia de prensa en la que se anunció la manifestación. Garzón también interrogó al concejal de Urdiain (Navarra) Mikel Galarza, que ha alquilado para mañana sábado el Centro Cultural Elordia de Alsasua, donde se sospechaba que Batasuna pretendía celebrar una Asamblea Nacional. Galarza dijo que ha reservado el local para unas reuniones de trabajo de la mancomunidad de municipios de la comarca navarra de la Sakana en las que se abordarán asuntos como la normalización lingüística o la inmigración. Las fuentes consultadas señalaron que esta versión es distinta de la dada por el concejal hace unos días a la Guardia Civil, a la que aseguró que en el centro cultural se iba a celebrar un acto de una organización catalana llamada Ciemen (Centro Internacional Escarré para las minorías étnicas y las naciones). Después de escuchar el testimonio de estas tres personas, el abogado de la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue contra Batasuna, pidió que se celebrara una "vistilla" para solicitar el ingreso en prisión de Aldasoro, que está en libertad bajo fianza de 12.000 euros, al considerar que ha vulnerado las condiciones que se le impusieron. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) consideraron necesaria la adopción de medidas cautelares, y Garzón decidió no celebrar la "vistilla". De hecho, el ministerio público consideró que no hay un solo indicio de la vinculación de Batasuna con la manifestación de mañana, por lo que pidió al juez que no impidiera su celebración. Sobre la Asamblea Nacional de Batasuna que supuestamente iba a tener lugar también mañana en Alsasua, Garzón considera en el auto que "el proyecto al que se referían los informes policiales ha quedado neutralizado". El magistrado, no obstante, requiere en su resolución a la representante legal de Batasuna para que esta formación "se abstenga de celebrar una Asamblea Nacional o extraordinaria en el día de mañana en Alsasua" y advierte a Galarza de que "facilitar locales o medios" para esa reunión supondría incurrir en un delito de colaboración con organización terrorista.