De la Vega insta a Rajoy a firmar un pacto nacional sobre inmigración
Zaplana asegura que el ofrecimiento "llega un poco tarde"
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, aseguró que "todas las medidas" propuestas por el PP contra la inmigración ilegal ya las ha puesto en marcha el Gobierno, y por ello invitó a su líder, Mariano Rajoy, a suscribir un "gran Pacto Nacional por la Inmigración". De la Vega hizo este emplazamiento a Rajoy -quien el lunes propuso cambiar la legislación para prohibir las regularizaciones masivas- ante el plenario del grupo socialista reunido en el Congreso, al que expuso las prioridades y objetivos del Gobierno para el período de sesiones que ahora comienza en el Parlamento. En su discurso, emplazó a los diputados, senadores y eurodiputados socialistas a "defender" públicamente y "con orgullo" el valor del proceso de regularización de inmigrantes que emprendió el Gobierno y que calificó de "ejemplar", en el marco de una política "responsable, sensata y firme". Para la vicepresidenta, el "reto" de la inmigración es un fenómeno de gran "complejidad" que constituye "una prueba del éxito social y económico de la democracia española en los últimos treinta años", y el cual exige soluciones "imaginativas". Abogó por seguir reforzando las fronteras y, a medio y largo plazo, avanzar en políticas dentro del marco europeo, de manera que la UE asuma su responsabilidad. Destacó que España ha conseguido situar el fenómeno migratorio en la "agenda política" europea y "movilizar los recursos de una UE que comparte el diagnóstico" sobre el problema, del que recordó que hace un año apenas se hablaba en este ámbito. De la Vega explicó que la política del Ejecutivo es "responsable, sensata y firme" y apuntó que el proceso de regularización permitió que casi 600.000 inmigrantes tengan contrato de trabajo, todo ello con el acuerdo de empresarios y agentes sociales, algo que -dijo- no consiguió el PP en sus cinco regularizaciones. Además, hizo hincapié en la forma en que se resolvió la crisis de las entradas por Ceuta y Melilla, con la firma de convenios de readmisión logrados "mediante la negociación y la colaboración". De cara al futuro, apostó por fomentar los flujos migratorios "legales y ordenados", continuando con las repatriaciones, e insistió en que el Gobierno conseguirá que todo el que entra en España ilegalmente, "tarde o temprano, salga". Junto al refuerzo de las fronteras y las devoluciones, anunció que se continuará trabajando en el ámbito de la Unión Europea y se procurará lograr más control en los países de origen, con la ayuda al desarrollo, al comercio justo, a las instituciones, a la economía, al desarrollo y al buen gobierno de estas naciones. En opinión de María Teresa Fernández de la Vega, aunque ante este problema "no hay soluciones fáciles" y la sociedad española es "profundamente compasiva" y tiene un "agudo sentido de la justicia y de la humanidad", también "quiere legítimamente seguridad y certidumbre" y los poderes públicos deben procurar dárselas. "Se trata de que entre todos trabajemos por encontrar la mejor solución a un problema que no es fácil ni sencillo de abordar", concluyó la vicepresidenta antes de mostrar su "confianza" en que el máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy, "estará dispuesto" a apoyar el pacto de Estado por la inmigración puesto que "todas" las iniciativas que plantea ya están en marcha. Respuesta del PP Desde el PP, el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, consideró que el ofrecimiento de un Pacto Nacional por la inmigración realizado por el Gobierno "llega un poco tarde" y advirtió al Ejecutivo que, si no asume "el error que han cometido" en esa materia, "es muy difícil que pueda haber acuerdo". "Lo primero que tienen que hacer es reconocer su error, ponerse de acuerdo entre ellos mismos, poner orden en su propia casa, tener un mismo discurso y, en la medida de lo posible, atender las propuestas que nosotros hacemos", manifestó Zaplana a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso. A su juicio, "con independencia de que se pueda hablar o no", el ofrecimiento llega "un poco tarde", ya que si el Gobierno lo hubiera realizado hace dos años, "si nos hubieran hecho caso, si las propuestas que ahora hacemos y son razonables lo hubieran dicho hace dos años, nos evitaríamos en estos momentos la situación que nos acompaña y las tragedias que hemos vivido". El acuerdo será muy difícil si el Gobierno no asume "lo que es fundamental y esencial, y es el error" cometido, insistió Zaplana, quien consideró que también "tendrían que decirle al ministro de Trabajo que deje de hablar de una vez ya de posibles regularizaciones", en referencia a las personas que no pueden ser expulsadas del país.