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Nacional

El Gobierno alega "razones jurídicas y políticas" para no anular los juicios sumarísimos del franquismo

13-09-2006

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que la Ley de Memoria Histórica no anulará los juicios sumarísimos del franquismo por razones tanto jurídicas como políticas, ya que pretende ser una norma "heredera de la Transición y del espíritu de concordia". El jefe del Ejecutivo respondió así en el Congreso al presidente-portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, que pidió a Zapatero un "esfuerzo" para cambiar un proyecto que según su análisis no otorga "justicia ni dignidad" a las víctimas del franquismo, ya que no contempla la anulación de juicios ni la retirada del símbolos de la dictadura. Pero en su primera intervención en la sesión de control del nuevo periodo parlamentario, Zapatero insistió en que "con los informes jurídicos en la mano, y también como una decisión política", el texto se ha elaborado "en términos constitucionalmente adecuados, no a través de una revisión que supondría una ruptura del ordenamiento". "Nuestra Constitución optó por el principio de salvaguarda de la seguridad jurídica", y así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, recordó el presidente del Gobierno a Llamazares, cuyo grupo, junto al de ERC, ha dirigido duras críticas al proyecto del Ejecutivo. Zapatero defendió que la iniciativa es heredera de la Transición, y sus valores democráticos y constitucionales, y pretende el "reconocimiento moral, histórico y económico" de las personas que padecieron "el sufrimiento, el olvido y la injusticia en la Guerra Civil y la dictadura". Para ello, contempla un "reconocimiento solemne en la más alta institución que representa a los ciudadanos: el Congreso de los Diputados" como método para intentar que "la paz llegue a todas las familias que aún no han podido disfrutar de ella por la Dictadura, a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho desde la Transición". Zapatero coincidió con Llamazares en la "la ilegitimidad del golpe militar que dio lugar a la Guerra Civil", pero le pidió que comprendiera que "aquello enfrentó a los españoles, que sufrieron, y posteriormente una parte sufrió mucho durante la dictadura", y recordó la contribución "decisiva" del PCE -principal partido que conforma Izquierda Unida- a la Transición. Sin embargo, Llamazares argumentó que aunque la ley ha de nacer de la reconciliación democrática, también debe corresponderse con valores de justicia, dignidad y memoria. En su opinión, "la jurisprudencia no es la impunidad del franquismo" sino la constatación de que "este régimen era ilegítimo porque nació del golpe contra el régimen legitimo de la República", y "la justicia de ese régimen no era tal, porque estaba basada en hechos administrativos sin ninguna garantía". El también coordinador general de IU alegó además que "la Constitución nada dice de que la defensa de la dignidad humana, y por tanto de todos los derechos, no acoja tanto a los que en este momento viven en nuestro país como a los que en otro momento vivieron". Así, insistió en su reivindicación de que sean anuladas todas las sentencias, las instituciones insten al reconocimiento y recuperación de la memoria y se retire todo tipo de simbología franquista, "no solo por la memoria, sino por dignidad democrática".





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