CONFERENCIA
Francia organiza una reunión sobre inmigración pero evita hablar de gitanos
Francia organizó la reunión celebrada en París con ministros europeos y de
Canadá sobre inmigración irregular y derecho de asilo, pero intentó evitar
discutir sobre las expulsiones de gitanos, asunto que ha puesto en tensión las
relaciones entre París y la Comisión Europea.
Pese a que trató de eludir el
tema de las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros de suelo galo, el ministro
francés de Inmigración, Eric Besson, organizador del encuentro internacional, no
pudo escapar a la polémica, y se esforzó en defender ante la prensa la posición
de su país.
En primer lugar, negó que se tratara de expulsiones colectivas y
que su objetivo fuera la comunidad romaní, señaló que se trata del envío de
"ciudadanos rumanos y búlgaros" a sus países y, sobre todo, insistió en que en
este tema "Francia respeta escrupulosamente el derecho comunitario".
Aseguró
que el Gobierno francés está dispuesto a seguir dando explicaciones ante la
Comisión Europea, cuya representante en esta conferencia de París, la titular de
Asuntos Interiores, Cecilia Malstrom, no quiso comparecer ante la prensa, al
contrario que el resto de los participantes.
Besson, que evitó comentar la
posición del Ejecutivo europeo alegando que no es el "portavoz" de Malstrom,
atribuyó la negativa de la comisaria a hablar públicamente en esta reunión a que
este martes tratará de este asunto ante el Parlamento Europeo.
Antes de que
eso ocurra, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, recibe esta tarde al
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con quien se prevé
que trate en particular de las expulsiones de gitanos, que desde comienzos de
enero son cerca de 9.000, casi tantos como en todo 2009.
El Ejecutivo
comunitario pidió a Francia la semana pasada aclaraciones sobre la legalidad de
esas expulsiones, y debe emitir un dictamen en los próximos días, que podría
conducir a llevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE, en
Luxemburgo.
Besson justificó que el tema de los gitanos no estuviera en la
agenda de los seis países europeos participantes (Francia, Grecia, Italia, Reino
Unido, Alemania y Bélgica) y Canadá porque se trataba de hablar de los problemas
de la inmigración irregular y del derecho de asilo en las fronteras exteriores
de la Unión Europea.
Pese a todo, el ministro italiano de Interior, Roberto
Maroni, no sólo justificó la política de su Gobierno de expulsar gitanos
rumanos, que comparó a la de Francia, sino que señaló que responde a los
"problemas" que plantea la normativa comunitaria sobre el derecho de los
ciudadanos de la UE a instalarse en otro país.
A su juicio, las limitaciones
para que los ciudadanos de un país se instalen en otros durante más de tres
meses "no cuentan con sanciones suficientes" para que sean aplicables.
España
y Estados Unidos, que habían sido invitados a asistir a este encuentro -cuya
idea había surgido durante un desplazamiento de Besson a Canadá-, no enviaron a
ningún representante.
Más allá de la cuestión de los gitanos, Maroni defendió
su política de control de la inmigración irregular, y en particular el acuerdo
suscrito con Libia, que ha permitido reducir de 30.000 a 400 la llegada de
clandestinos a la isla italiana de Lampedusa.
Precisamente, el ministro
griego de Protección del Ciudadano, Spiros Vougias, consideró que las medidas de
los gobiernos italiano y español para impermeabilizar sus fronteras con el norte
de África estaban desplazando a Grecia los flujos de 'sin papeles' que intentan
entrar en la UE y pidió ayuda a sus socios europeos.
"Esperamos más
solidaridad europea para Grecia" que es "un pequeño país" y solo "no puede
controlar estos flujos", comentó Vougias, que aseguró que este año un 82% de los
inmigrantes clandestinos que han llegado a la UE lo hicieron por su país.
Uno
de los objetivos declarados del encuentro de París era avanzar en las
discusiones sobre una estandarización de las reglas para los demandantes de
asilo en la Unión, con vistas a la conferencia ministerial de los 27 países de
la UE, prevista para los próximos días 13 y 14 en Bruselas.
Bélgica, Alemania
y Francia, donde las demandas de asilo crecieron respectivamente un 40%, un 25%
y un 18% en 2009 mientras disminuían en otros Estados europeos, consideran
necesaria esa estandarización para evitar que las diferencias legales sean
utilizadas por las redes de inmigración ilegal.