El Confidencial
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Internacional

Suiza endurece sus leyes de Asilo y Extranjería

La ONU las considera excesivamente restrictivas

24-09-2006

Una aplastante mayoría de suizos aprobó sendas leyes restrictivas en materia de asilo y extranjería, con lo que la Confederación Helvética pasa a ser uno de los países europeos que regula de manera más drástica el ingreso de potenciales refugiados e inmigrantes pese a su tradición de país de acogida. El 67,8 por ciento de los votantes dio su respaldo a la nueva Ley de Asilo, iniciativa del partido de derecha radical Unión Democrática de Centro (UDC), y que permitirá acelerar la repatriación de demandantes de asilo cuyas peticiones hayan sido desestimadas y, según sus promotores, reducir los abusos. Con un porcentaje muy similar, del 68 por ciento, los suizos también aprobaron la Ley de Extranjería, que recoge la política que en los hechos ya se aplica de favorecer la inmigración de países con los que la Confederación ha firmado acuerdos de libre circulación (los de la Unión Europea, además de Noruega, Islandia y Liechtenstein). En los 26 cantones suizos los partidarios de ambas iniciativas se impusieron, aunque el margen fue más tímido en la región francófona (alrededor de 53 por ciento), frente a la abrumadora mayoría registrada en los cantones de habla italiana y alemana (del 67 hasta el 78 por ciento). Los analistas políticos han coincidido en señalar que el gran "ganador" de esta jornada es el ministro de Justicia y líder de la UDC, Christoph Blocher, que fue el principal impulsor de ambas leyes. La referida al asilo establece condiciones más severas a las que regían hasta ahora no sólo para la obtención del estatuto de refugiado, sino también para lograr que las autoridades admitan una demanda a estudio. Así, se excluye la revisión de las peticiones de personas que no puedan presentar documentos de identidad válidos en el plazo de 48 horas y se elimina la ayuda social (sólo quedará la de carácter humanitaria) en los casos en los que se haya rechazado una solicitud. Esas medidas -a las que se suma la prolongación de la detención administrativa hasta 24 meses para los adultos y hasta 12 meses para jóvenes de 15 a 18 años- han recibido las críticas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que las ha juzgado de "excesivamente restrictivas". Uno de los aspectos que los defensores de la ley juzgan positivo es que ofrece a las personas que puedan permanecer temporalmente en Suiza la posibilidad de tener acceso al mercado laboral y el reconocimiento del derecho a la reunificación familiar luego de tres años de estancia en el país. La nueva Ley de Extranjería limita la inmigración de ciudadanos extra-comunitarios a personas altamente cualificadas y que demuestren que su actividad "servirá a los intereses económicos" de Suiza, una medida que sus detractores han interpretado como una voluntad de crear "dos categorías de ciudadanos extranjeros". Los opositores a la norma también han criticado las limitaciones a la reunificación familiar en esos casos y las condiciones de detención administrativa para los indocumentados que se nieguen a dejar el país. No obstante, la legislación sobre extranjeros también incluye medidas destinadas a mejorar la integración, en particular mediante cursos de lengua, al tiempo que castiga el tráfico de seres humanos y los matrimonios por conveniencia. Las organizaciones sociales, religiosas y sindicales que se opusieron a su aprobación han criticado la omisión de la situación de los aproximadamente 100.000 inmigrantes indocumentados que ya viven y trabajan en Suiza. Según cifras oficiales, una de cada cinco personas en Suiza es de origen extranjero, lo que representa el 20,3 por ciento de la población nacional y casi el triple de la media de la Unión Europea. El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Christophe Darbellay, afirmó que ahora el Gobierno deberá aplicar una política coherente de integración de los inmigrantes para evitar "los guetos a la francesa". La presidenta del bloque parlamentario socialista, Ursula Wyss, reconoció que los resultados del referéndum constituyen un fracaso para su grupo político. Por su parte, Amnistía Internacional calificó la jornada electoral de "domingo negro para el derecho al asilo en Suiza", y señaló que esto ocurre justamente cuando el número de demandas de asilo es el más bajo de los últimos 20 años.





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