La Comisión Europea abre procedimiento a España por no modificar las condiciones a la OPA de E.ON
La Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción contra España por no haber modificado las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa del grupo alemán E.ON sobre Endesa. El portavoz de Competencia de la CE, Jonathan Todd, informó en rueda de prensa de que el Ejecutivo comunitario ha dado cinco días laborables a las autoridades españolas para responder a la carta de emplazamiento que ha sido enviada por Bruselas. El Ejecutivo de la UE había solicitado el pasado 26 de septiembre la retirada de las medidas, la mayoría de las cuales fueron consideradas incompatibles con la legislación europea sobre fusiones. Todd incidió en que el Gobierno español no ha tomado ninguna iniciativa para acomodarse al requerimiento de Bruselas y reseñó que "cuando la legislación comunitaria no es respetada, tenemos que asegurarnos de que se respete". En su opinión, este nuevo paso no implicará una demora en la resolución del litigio. "Lógicamente" hay que seguir en este caso los pasos habituales de un procedimiento de infracción (es decir, carta de emplazamiento, dictamen motivado y denuncia ante el Tribunal europeo), pero, según el portavoz, "puede ir tan rápido como la CE decida". Confió, no obstante, en que no sea necesario llegar hasta el Tribunal de Justicia europeo. "La mayoría de las disputas con los estados miembros por fusiones se resuelven antes de llegar a la Corte", recordó Todd. Insistió en que la Comisión espera que las autoridades españolas respeten la petición de la CE y no se llegue al extremo de acudir a los jueces. Sería la mejor salida al caso, indicó. Cuando la CE declaró las condiciones de la CNE ilegales, el pasado 26 de septiembre, advirtió de que su decisión era "vinculante y de inmediata aplicación" para el Gobierno español y que, si no la acataba, podría abrirle un proceso sancionador "en un plazo muy corto". En respuesta a los periodistas, el portavoz explicó que no se plantea la imposición de sanciones económicas, porque para ello sería preciso una sentencia condenatoria previa del Tribunal de Justicia y un segundo fallo, lo que no es el caso. El Gobierno español ya mostró en septiembre pasado su disposición a modificar las condiciones impuestas por la CNE, lo que hará, previsiblemente, el Ministerio de Industria cuando resuelva los cinco recursos de alzada presentados contra las medidas (E.ON, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y una asociación de accionistas minoritarios). Según la legislación española, este Departamento tiene hasta noviembre para resolver los recursos, aunque el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dijo la semana pasada que lo haría "en días o semanas". España ya se enfrenta a otro procedimiento de infracción, en el marco de la normativa europea sobre mercado interior, por la ampliación de las competencias de la CNE. También el 26 de septiembre Bruselas anunció el envío a España de un "dictamen motivado", segundo paso del procedimiento, y le dio dos meses de plazo para modificarlas. Según el Ejecutivo de la UE, la ampliación de funciones del regulador energético español, aprobada de urgencia pocos días después de conocerse las intenciones de E.ON de hacerse con Endesa, supone una restricción a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento dentro de la Unión. La Comisión advirtió de que si Madrid no presenta una respuesta satisfactoria en dos meses desde la recepción de esta petición, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.