CAOS AÉREO
Aplazadas las declaraciones de los controladores de Santiago para que el juez analice nuevos documentos
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago decidió esta mañana aplazar "sine die" las declaraciones que debían presentar esta mañana los controladores áereos, para que el juez pueda volver a evaluar la causa, al contar con nueva documentación.
Así lo aseguró en Compostela uno de los abogadores defendores de los controladores compostelanos, Diego Salguerón, quien afirmó que fue "suficiente" la declaración de uno sólo de sus cuatro defendidos para "provocar que la autoridad judicial decidiese suspender sine die el resto de declaraciones que había pendientes". Así, subrayó que la documentación presentada en el juzgado es "tan palmaria, clara y contundente" que "se ha acordado la supensión a petición de las partes y con la aquiescencia del Ministerio Fiscal".
Esta documentación, que el letrado calificó de "abundante" y que procede de una fuente anónima de la propia Aena, demostraría la "existencia de una trama interesada en ocultar los hechos que se estaban produciendo en Santiago". "Había voluntad de que la opinión pública no conociese la realidad de lo que estaba aconteciendo", defendió Salguerón; "y provocar de ese manera una falta de crédito en el colectivo de controladores". Asimismo, opinó que habrá "un antes y un después" de la salida a la luz de estos textos.
ANTECEDENTES
La causa penal por la que deben declarar estos profesionales aéreos --acusados por un delito de sedición-- está relacionado con el conflicto desencadenado en el aeródromo compostelano el pasado 27 de noviembre y que desembocó en el cierre del espacio aéreo español el 3 de diciembre, previo al puente de la Constitución.
Durante esos días, los tres aeropuertos gallegos sufieron retrasos, desvíos y cancelaciones de numerosos vuelos, debido a cierres parciales del espacio aéreo gallego. Los controladores alegaban que una parte importante de la plantilla había superado ya las 1.670 horas anuales de trabajo estipuladas por ley.
Así las cosas, los controladores que supuestamente habían rebasado esta cifra dejaron paulatinamente de acudir a sus puestos de trabajo. El 3 de diciembre, el Gobierno central aprobó un real decreto en el que fijaba que no se incluirían en el cómputo de horas laborales las imaginarias, las licencias de paternidad o los permisos sindicales, entre otros. A raiz de este documento, los controladores del resto de España abandonaron sus puestos de trabajo, alegando motivos de estrés.
Además de las diversas causas penales abiertas contra ellos por particulares y asociaciones, los controladores de Santiago se enfrentan a expedientes abiertos por el Ministerio de Fomento. De hecho, uno de ellos ya ha sido despedido y otros dos trasladados a nuevos destinos en Almería y Granada.