CONSECUENCIAS DE UN CONFLICTO GEOPOLÍTICO
España y Francia se reúnen mañana para analizar los efectos del veto ruso
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, Isabel García Tejerina, y su homólogo francés, Stéphane Le Foll, se reúnen mañana en Madrid para analizar la situación provocada por el veto ruso a los productos agroalimentarios de la Unión Europea (UE).Tejerina y Le Foll mantendrán el encuentro en la sede del Departamento una semana antes de que tenga lugar en Bruselas el consejo extraordinario de ministros de Agricultura de la UE que abordará el embargo que la Federación rusa estableció a principios de agosto.El pasado lunes el secretario de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, se reunió con el sector productor y exportador de frutas y hortalizas, los ganaderos, los sindicatos y las comunidades autónomas para estudiar el impacto de la decisión rusa.Tras el encuentro, Cabanas dio a conocer que las dos primeras medidas tomadas por la UE no se costearán con la reserva de crisis de la nueva Política Agraria Común (PAC).
Fraga ve insuficiente las medidas de la CE
ElAyuntamiento de Fraga (Huesca) ha valorado hoy el "esfuerzo" llevado a cabo por el Gobierno aragonés en busca de soluciones para paliar los efectos del veto ruso a las importaciones sobre el sector de la fruta, pero considera "insuficientes" las medidas anunciadas por la CE.Así lo ha manifestado hoy el concejal delegado para temas agrarios en el Consistorio fragatino, Jose Ignacio Gramún, que se reunirá el próximo 5 de septiembre con el consejero aragonés de Agricultura, Modesto Lobón, para trasladarle el estado de ánimo de los productores de fruta de la zona.Según asegura el edil en un comunicado, "las medidas que ahora hay sobre la mesa son insuficientes y se quedan cortas para las expectativas que tenía el sector, y la triste realidad es que los agricultores trabajamos por debajo de los costes de producción".Tras expresar su convicción de que el Gobierno aragonés "está trabajando duro y con fuerza", el concejal considera necesario, sin embargo, que el sector "siga haciendo oír su voz" y reclame un importe idéntico por cada kilo de fruta retirada, independientemente de su destino final.Gramún estima que se debería pagar al agricultor 26,90 kilogramos por cada kilo de fruta retirado, y ampliar al máximo la cantidad de producto a retirar.