INFORME DEC

Los servicios sociales sufrieron un recorte de 2.200 millones entre el 2011 y el 2013

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos redujeron su inversión en prestaciones sociales en 2.212 millones de euros entre los años 2011 y 2013, según el índice DEC 2014, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Concretamente, se pasó de 354 euros anuales por habitante a 306, lo que supone un retroceso del 13,3% en el mismo bienio. Los resultados los ha presentado en una rueda de prensa en Madrid el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez; el coordinador del estudio, Gustavo García, y el responsable del análisis económico del índice, Luis Barriga.

En el índice DEC está incluida la inversión bruta, que lógicamente es un factor clave, pero también el número de personas cubiertas, la existenc ia de leyes o planes estretégicos y la agilidad de las prestaciones, entre otras cuestiones. La puntuación puede oscilar entre 1 y 10. El informe sitúa al País Vasco como la comunidad autónoma con mejor puntuación (7,5 puntos sobre 10, con 541,24 euros por habitante y año), seguida de Castilla y León (6,65), mientras que la Comunidad Valenciana cierra la lista con 0,6 puntos (196,13 euros por habitante y año).

La principal conclusión del informe es, según sus autores, que los servicios sociales en España están en un "acusado proceso de deterioro" en un momento en que son "más necesarios que nunca ante la crítica situación que viven cientos de miles de familias empobrecidas" como consecuencia de la crisis económica. Desde el 2011, el documento advierte de que el gasto anual por habitante en el conjunto de España ha pasado de 354 euros a 306,9 euros, es decir, 47,11 menos por habitante y año, lo que representa una reducción del 13,3%.

Por encima de la media española, las comunidades que más han reducido su gasto en servicios sociales en términos absolutos (euros por habitante y año) y relativos son Castilla-La Mancha (-144,8 euros, un 28,1% menos), seguida de Navarra (23,% menos), Murcia (17,6% menos) y Extremadura (15,3% menos). "La reducción no es consecuencia de un empobrecimiento de la sociedad española, sino fruto de una menor capacidad o interés de las administraciones públicas para recaudar y distribuir la riqueza a través de políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas", alertan los autores del estudio.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que el porcentaje de PIB que se dedica a los servicios sociales ha pasado del 1,6% en 2013 al 1,4%. El porcentaje de gasto que las administraciones dedican a este ámbito sobre el total del gasto público también se ha reducido, pasando del 8,1% en 2011 al 7,7% en 2013.

Sin embargo, existen diferencias entre este recorte del gasto en servicios sociales de las comunidades autónomas entre 2011 y 2013 y las corporaciones locales, siendo el de las segundas (20,8%) casi el doble que el de las primeras (10,5%) y que, según el documento, "pone de manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad", cuyo futuro está "amenazado" por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

La reducción del gasto en 2.212 millones de euros entre 2011 y 2013 afecta, según los autores, a la oferta de servicios y prestaciones del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia, que no sólo se nutre de las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos sino también de la Administración central, donde la "reducción del gasto es más importante aún".

Según el informe, la "expresión más nítida" de esta situación es la "contención" del número de beneficiarios dependientes desde julio del 2012 y la caída por primera vez de los mismos en el 2014, algo que vincula al descenso de prestaciones en el ámbito familiar, los servicios de atenciones domiciliares y la teleasistencia. Los servicios residenciales y en centros de día aumentan, pero en cantidades menos importantes.

Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, un dato "desalentador" es que en los dos últimos años (2013 y 2014) no se ha aprobado ninguna ley de servicios sociales, ni catálogo ni plan estratégico, excepto en Andalucía -anteproyecto de ley de nueva generación- y País Vasco y Castilla y León, que están elaborando sendos planes estratégicos.

El informe señala que, tras aplicar el índice DEC, sólo País Vasco presenta un nivel de desarrollo 'medio-alto' de sus servicios sociales, mientras que siete alcanzan un nivel 'medio-bajo: Navarra, La Rioja, Asturias, Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha. Tres comunidades tienen una calificación de 'débil': Aragón Extremadura y Baleares.



Galicia

En las seis autonomías restantes -Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Canarias y Valencia- el desarrollo de los servicios sociales se califica de 'irrelevante'. "Resulta preocupante que en algunos territorios el índice de pobreza humana (IPH) se incrementa sensiblemente entre 2007 y 2012 y su sistema de servicios sociales presenta un bajo desarrollo", advierte el informe, que señala en este caso a Extremadura, Canarias, Andalucía o Valencia.

En el otro extremo se sitúa País Vasco, Cantabria La Rioja y Castilla y León que con buenos resultados en el 'índice DEC' han rebajado sus índices de pobreza durante la crisis económica. Hay comunidades con los servicios sociales con bajo desarrollo pero como tienen bajas tasas de desempleo han mejorado el índice de pobreza, como es el caso de la Comunidad de Madrid o de Galicia.

El índice DEC pone en evidencia las cifras tan dispares que se dan entre comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de sus servicios sociales. Como ejemplo, un trabajador de plantilla en los servicios básicos municipales en Navarra por cada 720 habitantes frente a un trabajador por cada 7.916 habitantes en la Comunidad de Madrid.

Otras diferencias se reflejan en que el 2,5% de la población en La Rioja recibe prestaciones o servicios del sistema de dependencia frente al 0,5% de Canarias; o que en el País Vasco se beneficien de las rentas mínimas de inserción uno de cada 16,9 personas y en Castilla-La Mancha una de cada 355,8.

Según el documento, estas diferencias tienen su origen en el gasto que las administraciones públicas realizan en cada territorio: en el País Vasco asciende a 541,2 euros por habitante mientras que en la Comunidad Valenciana es de 196,1 euros; el Gobierno de Asturias financia el 47,5% del gasto de las entidades locales en servicios sociales frente al 8,05% del Gobierno de Aragón. AGENCIAS