Todos los altos cargos de la Xunta deberán publicar su patrimonio
La futura ley gallega que regulará la transparencia en la Administración gallega ampliará a todos los altos cargos que nombre el Gobierno autonómico, incluidos los de los entes paralelos, la obligación de hacer público su patrimonio al tomar posesión y al cesar, además de comunicar sus actividades laborales en los dos años anteriores al nombramiento y las que acometan al dejar el cargo.
De ello han informado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente, Alfonso Rueda, que también han precisado que se limitará la acción del Gobierno en funciones, que no podrá asumir nuevos compromisos de gasto salvo excepciones justificadas ni remitir proyectos de ley a la Cámara, además de regular el traspaso de poderes.La nueva norma para regular la transparencia, "más ambiciosa" que la estatal, se suma a las leyes ya aprobadas de financiación de partidos y de asistencia jurídica de la Administración gallega. Las tres forman parte del paquete de "cinco leyes en 50 días" comprometidas por el presidente gallego en sede parlamentaria para el "impulso democrático".De las otras dos propuestas comprometidas para fomentar la participación ciudadana y potenciar el papel del Consello de Contas en la lucha contra la corrupción se encarga el Grupo Parlamentario Popular.PORTAL DE TRANSPARENCIA{/strong}A partir de la entrada en vigor de esta ley, la ciudadanía podrá encontrar en el Portal de Transparencia gallego el registro de entes dependientes, las relaciones de puestos de trabajo y cuadros de personal, el número de liberados sindicales y su coste, los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y los convenios colectivos vigentes, así como la relación de órganos colegiados adscritos a cada departamento y a su composición.Lo mismo ocurrirá con la información completa sobre la deuda pública de la Comunidad, la relación de la normativa vigente en Galicia, las resoluciones judiciales que afecten a la vigencia o a la interpretación de esta normativa, así como los informes y dictámenes que, sobre los proyectos de ley y de reglamento, emitan tanto los órganos de control interno de la Xunta como los de control externos, y el calendario legislativo del Ejecutivo autonómico.El Portal de Transparencia también recogerá el tiempo medio de pago de las facturas en el sector autonómico, la relación de los bienes muebles de especial valor cultural o histórico-artístico de la comunidad, el número y el uso de los vehículos de su parque móvil, la composición de las mesas de contratación y la información sobre los motivos de la selección de los licitadores admitidos y de la valoración de las ofertas presentadas, así como los documentos de planificación urbanística.
Además de "ampliar" las opciones de control público, el nuevo texto de la Xunta regula el derecho ciudadano de acceso a la información pública, un aspecto que no estaba mencionado en la ley gallega, que fue introducido por la nueva legislación básica y que ahora "se concreta y mejora" en esta nueva ley.
Así, siguiendo los consejos de las organizaciones internacionales de defensa de la transparencia, se regula, a mayores de la ley estatal, la obligación de la Administración a "asistir y orientar" a la ciudadanía para ejercer este derecho. Las quejas, si las hay, las resolverá el Valedor do Pobo, cuya decisión será vinculante.
Rueda y Feijóo han incidido en que la ley amplía el control sobre el régimen de incompatibilidades, toda vez que extiende a todos los altos cargos (y no sólo a los miembros del Gobierno) la obligación de publicar, tanto en el momento de su nombramiento como de su cese, su situación patrimonial.
También se obliga a hacer pública la relación de actividades que el alto cargo en cuestión desempeñó en los dos años anteriores a su toma de posesión, introduciendo el deber de abstención en asuntos que afecten a las entidades privadas en las que formasen parte de su dirección o administración en esos años.
Asimismo, se introduce la obligación de que, durante los dos años posteriores al cese, las personas que fueran altos cargos de la Xunta informen de cualquier actividad que vayan a realizar a la Oficina de Incompatibilidades, parea que ésta informe de si la actividad en cuestión se ajusta o no al régimen de incompatibilidades.
El texto también introduce la regulación legal de la existencia de un código ético institucional, como el aprobado por la Xunta en el pasado ejercicio, que concrete los principios de conducta a los que los altos cargos deberán sujetarse, y se regula un régimen sancionador.
El anteproyecto de ley también introduce la limitación de las actividades de los gobiernos en funciones y la obligación de información durante el proceso de traspaso de poderes. Así, los gobiernos en funciones no podrán enviar proyectos de ley a la Cámara gallega, autorizar convenios con el Estado ni otras comunidades, aprobar convocatorias de acceso o provisión de puestos de trabajo públicos, aprobar o modificar relaciones de puestos de trabajo ni adquirir compromisos de gasto más allá del gasto corriente o de "causas de urgencia debidamente acreditadas".
En el traspaso de poderes, cada consellería deberá elaborar un informe de gestión en que se detalle información como la ejecución presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, las obligaciones pendientes de pago y los contratos y convenios vigentes.
Esos informes de cada departamento serán agrupados en un único documento y serán transmitidos del presidente saliente al presidente entrante, garantizando "la debida información" para que el nuevo gobierno pueda empezar a tomar decisiones desde "el primer minuto".
Feijóo ha subrayado que Galicia se sitúa con esta norma "a la cabeza de las administraciones públicas más transparentes del país" con la nueva ley, que va "más allá de lo que exige" la ley básica estatal sobre la materia. laregion.es