Exhumar los millares de restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil, que permanecen desde hace ocho décadas en las 2.457 fosas comunes registradas por el Ministerio de Justicia, se ha convertido en un reclamo político de primer nivel al que, sin embargo, no acompaña la financiación para materializarlo.
A pesar de que en algunos casos, como el aragonés, ha comenzado a fluir hacia las asociaciones sin ánimo de lucro que velan por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 -Aragón prevé 275.000 euros en sus presupuestos en vigor- los expertos perciben cierto desamparo en las familias, que son la que asumen finalmente el coste de la exhumación. EFE