El Gobierno ha aprobado una partida de 30.000 euros para contribuir a la defensa jurídica de los ciudadanos españoles que estén acusados en el extranjero de delitos que pueden conllevar la pena de muerte.
Las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 cerrarán un ciclo de comicios autonómicos que desde diciembre pasado ha llevado ya a las urnas a los ciudadanos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
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La actuación de esta "trama corrupta" incide de forma directa en el precio final que los ciudadanos pagan en las gasolineras.