PORTUGAL / AKIRA NÚÑEZ | El Parlamento portugués aprobó recientemente una reforma profunda de la Lei da Nacionalidade, introduciendo nuevos requisitos para la obtención de la ciudadanía.
El principal cambio amplía el periodo mínimo de residencia legal de cinco a diez años, mientras que para los ciudadanos de países lusófonos se establece en siete años. Además, se incorpora un examen obligatorio sobre historia, cultura y lengua portuguesa.
La medida, que ha generado un amplio debate en el país, busca reforzar los criterios de integración y combatir los casos de naturalización irregular.
Sin embargo, diversas organizaciones civiles han expresado su preocupación por el posible impacto en miles de residentes extranjeros que ya contribuían activamente a la economía y vida social de Portugal.
En regiones fronterizas como el norte portugués y Galicia, donde la movilidad laboral y familiar entre ambos países es habitual, la nueva ley podría tener implicaciones directas.
Expertos en migración advierten que las medidas podrían ralentizar procesos de ciudadanía y afectar la atracción de profesionales extranjeros en sectores como el turismo, la salud y la tecnología.
La reforma entrará en vigor antes de finalizar el año, una vez publicada en el Diário da República. El Gobierno portugués ha anunciado que evaluará su impacto durante el primer semestre de 2026.