EFE | Un
informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía
(UDEF) detalla que una veintena de empresas, entre ellas Mercadona, OHL o
FCC, hicieron donaciones a la caja B del PP en distintos periodos
electorales para sufragar sus campañas a cambio de adjudicaciones
públicas.
En un informe policial, de diciembre de 2019, aportado al sumario que
investiga el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional sobre la
presunta contabilidad opaca del PP y al que ha tenido acceso Efe este
viernes, la UDEF observa que estas empresas hicieron donaciones a la
caja B del PP coincidiendo con campañas electorales.
Así, Mercadona hizo dos entregas por un total de 240.000 euros
en 2004 y 2008, años en los que se celebraron elecciones generales, así
como a la Junta de Andalucía y al Parlamento europeo.
FCC, por su parte, hizo tres entregas en 2001 y 2008 por un
total de 195.000 euros, también en época electoral, al igual que la
constructora OHL, cuando la presidía Juan Miguel Villar Mir, que hizo
tres donaciones en 2004, 2006 y 2008, por un importe de 530.000 euros.
Estos datos constan en un informe que fue incorporado a la causa
sobre la caja B del PP tras su reapertura en febrero de 2017, a raíz de
la revelaciones del líder de Gürtel Francisco Correa en el juicio a la
trama y que ahora se ha conocido al levantarse el secreto de las
actuaciones.
En ese informe, la Policía analiza, entre otras, documentación
procedente de los casos Púnica y Lezo, en los que se investigan
operaciones irregulares de exresponsables del PP en Madrid, así como de
la pieza Kitchen del caso Villarejo, referida al espionaje al que fue
sometido el extesorero Luis Bárcenas por orden del Ministerio del
Interior en 2013, estando al frente Jorge Fernández Díaz, al que la
Fiscalía ha pedido imputar por estos hechos.
Del caso Púnica, consta una reveladora conversación del
expresidente de la empresa Degremont, Rafael Palencia, con el exgerente
del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, imputado en Lezo junto al
expresidente madrileño Ignacio González, que corroboraría la dinámica de
las donaciones a la caja B del PP a cambio de obtener beneficio por
parte de las administraciones gobernadas por el partido. Se trata de una conversación que, según la investigación, se
produjo en octubre de 2008 y fue grabada por el propio De Miguel para
poder extorsionar con ella al expresidente Mariano Rajoy.
La UDEF cree que Palencia concertó esa cita a través de
Bárcenas, porque De Miguel tenía capacidad de influencia sobre las
adjudicaciones, ya que fue el gerente de la entidad pública Canal de
Isabel II S. A. entre diciembre de 2003 y julio de 2009.
Durante el encuentro, el empresario manifestó que colaboró con
el partido y admitió "abiertamente la existencia de donaciones al mismo"
con una frecuencia "periódica" por unos 35.000 euros, que entregaba en
un sobre a Bárcenas o a su antecesor en la Tesorería, Álvaro Lapuerta,
ya fallecido.
La UDEF recuerda que Bárcenas negó que esas entregas de dinero
tuvieran un objetivo "finalista" (obtención de un beneficio), si bien
mencionó un concepto que denominó "hacer una gestión", mientras que
Palencia define su objetivo claramente en la conversación de De Miguel:
"Lo que quiero es ganar la obra", dijo en referencia a hacerse con la
adjudicación de una obra del Canal de Isabel II.
"Por tanto, la relación que menciona Rafael Palencia con Luis
Bárcenas y Álvaro Lapuerta se inscribía en el marco de colaborar
económicamente con la formación política, al objeto de que éstos le
ayuden a contactar con las personas que le pueden adjudicar el
contrato", concluye la Policía.
A esto, añade que tanto Bárcenas como este empresario han
declarado que durante las campañas electorales "la propensión a efectuar
una entrega a la formación política se incrementaba por su conocimiento
de que en ese periodo el partido aumentaba su gasto por encima de la
financiación pública", entregas, dice la UDEF, que hacían empresarios
para seguir viéndose favorecidos.
Entre 1998 y 2008, Palencia, y después su sucesor al frente de
Degremont, Ángel Salado, entregaron en efectivo al PP un total de
164.000 euros, mientras que la empresa consiguió entre 2001 y 2008 la
adjudicación de 4 obras públicas en Madrid.
De todo ello, la Policía infiere que el carácter de estas
donaciones que nutrían la caja B del PP "era mantener unas buenas
relaciones con el Partido Popular a nivel central, con el fin que desde
ese órgano directivo les pudieran facilitar los contactos con cargos
públicos de Administraciones Públicas gobernadas por el Partido
Popular", como "punto de contacto con quien tenía la capacidad de
decisión en materia de contratación pública".
Además de estas donaciones, el informe recoge las que realizaron
otras veinte empresas o empresarios, la mayor parte coincidente con
periodos electorales,: Aldesa, Asedes, Assignia-Hispánica, Azvi, Bruesa,
Copasa, Cyopsa-Sisocia, Copisa, FCC, Ignacio Ugarteche, José Antonio
Romero Polo, José Luis Moreno, Luis Gálvez, Pilar Pulido, Mercadona,
Licuas y Desprosa, Obrascón Huarte, Construcciones Rubau, Grupo Sacyr, y
Grupo Empresarial Sando.
A raíz de este informe, el juez del caso Bárcenas, José de la Mata,
acordó el pasado abril una serie de diligencias encaminadas a recabar
documentación sobre las adjudicación de una serie de obras públicas a
Degremont vinculadas al Canal de Isabel II, y de otras obras realizadas
en municipios madrileños en los que gobernaba el PP y que se adjudicaron
a empresas que realizaban donaciones, como Constructora Hispánica,
Licuas o Coarsa, en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y
Majadahonda.