En pleno mes de agosto, al igual que sucede todos los años desde que tengo memoria se vuelve a escuchar la misma cantinela:“Hace calor, hace calor,yo estaba esperando que cantes mi canción,y que abras esa botella, y brindemos por ellay hagamos el amor en el balcón”. A lo cual se acompañan reiteradamente los incendios en nuestra comunidad como si se tuvieran carácter repetitivo, esporádico o divino.

Los incendios veraniegos se han convertido en una constante intencionada durante los últimos años para lo cual la operativa encabezada por la Xunta de Galicia prevista desde el ejercicio anterior se ha basado en una campaña de previsión de gasto para sufragar los desperfectos que misteriosamente se sabían que iban a suceder, pero que sucederían irremediablemente este verano, sin saber, espero, el lugar de comisión del acto incendiario. En cambio, las labores de prevención, inspección y control de los montes gallegos son factores que han caído en el olvido con la salvedad de la promoción del denominado nuevo Grado interuniversitario en Paisajismo, de incierto estudio si desaparecen su objeto de tesis.

Es más, el desconcierto ciudadano ha aumentado considerablemente al estar obligados a aceptar la imposibilidad de solución al problema por los miembros del ejecutivo gallego. Asimismo, las severas y merecidas críticas a la política efectuadas por miembros de la oposición, se han quedado parcas por cuanto se basan en acrecentar exclusivamente los recursos disponibles para sufragar los deterioros originados.

La Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia o la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia junto con la aplicación del Código Penal evidencian, entre otros textos legales, la normativa aplicable para contra los actos incendiarios.

Sin embargo, las soluciones de prevención, control y sanción de los mencionados actos deberían resolverse por una triple vía. En primer lugar, dado que la mayoría de los incendios que se producen en la Comunidad Gallega se producen en los montes, cuya competencia se encuentra atribuida a la Xunta de Galicia, ´debería realizarse una reforma legal en dos sentidos, por un lado, el incremento de la vigilancia anual por el SEPRONA del territorio gallego, para lo cual es necesario que todos los municipios firmen el correspondiente acuerdo, pero a la vez, la Consellería do Medio Rural e do Mar debería realizar un control y revisión del estado de los Montes, evitando una verdadera dejación de funciones o un aparente desconocimiento del entorno de los mismos por el ejecutivo que lleva gobernando tantos años en Galicia. ¿Cómo es posible que nadie de la citada Consellería hubiera propuesto tal actuación y/o inspeccionado el territorio gallego? ¿O en cambio, la asunción de competencias en materia de ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivienda es una utopía para el ejecutivo gallego en atención a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía?

Igualmente, los diferentes ayuntamientos en los que están situados los incendiados terrenos en tanto que representan los intereses de los ciudadanos del municipio debería, pese a la repercusión negativa de votos, también debería realizar labores de desbroce, limpieza y revisión urbanística de la totalidad de las fincas rústicas y/o urbanas, más allá que solicitar el cobro fiscal que de la propiedad se derive. Los problemas de los vecinos/as son de obligatoria y diligente respuesta por los alcaldes y concejales por cuanto han sido elegidos y bien retribuidos para el cargo a desenvolver, responsabilidades y compromisos a asumir.

De igual forma, los incendios gallegos traducen el realmente problema oculto tras los mismos, el cual es la situación difusa y enigmática de la propiedad de los comuneros de los montes por cuanto se trata de un mero usufructo de los mismos, sujeto a normativa estricta en cuanto a sus usos, actuaciones y medios o el pago de cuotas periódicas para el sufragio del mismo. ¿Cómo se pretende realizar labores de inversión, conservación y/o mejora en los Montes Gallegos si normativamente y financieramente no existen los medios para hacerlo?

Finalmente, a pesar de las no pocas teorías conspiratorias defendidas por numerosos vecinos que acusan a “noctámbulos que acuden a tirar cosas al monte y/u objetos voladores incendiarios”, con numerosas pruebas fundadas en el fomento y mantenimiento de incuestionablesexpensas pecuniarias, cuestión que no soy quién para afirmar ni desmentir.

Sin embargo, la realidad no es más que la evidencia cierta del problema del derecho de propiedad de los numerosos comuneros de montes, con enormes dificultades para su mantenimiento, deslinde, limpieza y cuidado, por lo que dichas ocupaciones menguan hasta el abandono sistémico, cuya consecuencia se traduce en el imposible acceso, vigilancia y custodia, frustrándose ante su incinerado desenlace. ¡Qué desgracia que nadie quiera hacer nada!

Carlos Mallo