En estos días, las altas voces de algunas formaciones políticas ponen en evidencia la inutilidad operativa de las diputaciones provinciales y organismos afines, exigiendo la supresión de las mismas como un elemento de ahorro económico y simplificación del entramado administrativo con el que diariamente se enfrenta el ciudadano.

La definición de las provincias responde al control político del territorio español sobre los que los políticos de antaño querrían imponer sus decisiones, restando poder a la disparatada cifra de ayuntamientos que existía así como elemento de adaptación y modernización de los departamentos franceses, lo cual fue recogido por el “Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 sobre la división civil de territorio español en la Península e islas adyacentes en 49 provincias”. En ningún momento del tiempo pasado, la organización provincial se concibió más allá de la extensión del poder gubernamental, a saber, la aplicación de las decisiones nacionales en las diferentes partes del territorio, fueran aprobadas, compartidas o rechazadas por los miembros de las provincias.

Es cierto que el devenir de los tiempos ha concluido en el reconocimiento constitucional de la provincia con ciertas modificaciones relativas derivadas de la descentralización política, la dotación de una estructura económica y humana (portentosa), y órganos de gestión conjunta – apoyo de los municipios recaudadores que conforman, a la vez que se erigía la provincia como circunscripción electoral.

Sin embargo, la realidad fue verdaderamente transmutada hasta límites insospechados por cuanto, el poder adquirido por los políticos provinciales responde a las demostraciones de mayor gasto en la provincia, a saber, las anuales transferencias económicas – financieras de las mismas serán invertidas sin temor ni recorte alguno para con los vecinos de las mismas. Es más, el ejemplo de la controvertida Diputación Provincial de Orense no es sino la evidenciación de un intencionado descontrol organizacional basado en despilfarro monetario puro, clientelismo político y ejercicio de poder fiscalizadoras sobre los conciudadanos para sufragar las imposibilidades de la multitud de ayuntamientos existentes. Igualmente, todo ello requiere de una dotación constante de personal ejecutora de los designios de los dirigentes políticos, que ascienden a la cantidad de 62.159 personas, representando el personal con carácter temporal – contratado el 56% de las mismas.

Volviendo al ejemplo anterior, ¿qué político o agrupación sería la encargada de eliminar el nicho de votos más importante, cuando si consigue imponerse con mayoría suficiente podría apoyar a un gran sector de la población simpatizante, mediando contratos laborales y/o económicos? ¿Quién no se resiste a comerse un gran dulce con duración indeterminada? Si cuando el denominado “buen cacique”, Don Xosé Luis Baltar Pumar presuntamente dominaba la Diputación de Ourense, nadie intentó cambiar su política a desarrollar, cuyo apoyo masivo se demuestra hasta el día de hoy a pesar de la inhabilitación judicial, el régimen será imposible de modificar, por cuanto, si su sucesor natural, su hijo Don José Manuel Baltar Blanco presuntamente continúa (presuntamente) con la aceptada forma de hacer política, la supuesta incidencia sexual será entendida como un simple dato curioso (no sorprendiendo a nadie en la provincia) o bien, según opiniones de dirigentes populares, es una “forma de llamar la atención pública y rápidamente por quién no tiene arte ni beneficio alguno”. A fin de cuentas, si es necesario hacer lo que se debe hacer por conservar el poder, Don José Manuel Baltar Blancocambiará la provincia de Ourense por un despacho en San Caetano, dejando la provincia en manos de un familiar político afín.

Asimismo, la autonomía política que la constitución dota a las corporaciones provinciales se ve acentuada en la conformación de las propias diputaciones provinciales, lugar de formación y retirada de numerosos políticos de todas las agrupaciones, que, con independencia de las consignas populares, las promesas de supresión de los mismos y los elevados alzamientos de voz, parecen olvidarse cuando son elegidos para su representación, comienzan a percibir sus correspondientes emolumentos y necesitan controlar el presupuesto de gasto obligatorio en su territorio para futuras elecciones

Carlos Mallo