El encadenamiento sucesivo de contratos de los profesores interinos durante más de tres años tiene consecuencias. Que los interinos estén trabajando durante diez, quince o veinte años es mucho más de lo que marca o determina la ley, si se interpreta adecuadamente. 

Ya ha habido recientes sentencias judiciales en nuestro país que indican que el gobierno contrató en fraude de ley a centenares de miles de funcionarios interinos durante largos periodos de tiempo sin hacerlos indefinidos. Había crisis y no se convocaban oposiciones y plazas. Y esto ha saltado a diversos medios escritos de comunicación que lo vienen diciendo desde principios de este año 2018. 

Si la ley marca un máximo de tres años de interinidad y se convocan oposiciones que afectan también a profesores que llevan trabajando diez, quince o veinte años como interinos, las irregularidades pueden ser motivo de demanda judicial casi inmediata, si la Administración no acepta la negociación y un acuerdo razonable que salvaguarde los derechos laborales de los docentes interinos. Ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de Castilla y León y de otros tribunales españoles que afirman estos derechos.

Puede haber una gran cantidad de demandas judiciales, miles para ser más precisos, de los profesores interinos y también de asociaciones de los mismos a la Administración. Parece que lo más juicioso, justo y sensato sería un acuerdo o unas medidas que garanticen la estabilidad de los interinos con más experiencia antes de llegar a los tribunales españoles o a la justicia europea.

Simplemente, con que se prorrogaran los contratos de los docentes interinos con más de diez o quince años trabajados ya se daría un paso decisivo para estabilizar la situación de muchos interinos en Asturias, al igual que ya se hace en Andalucía, País Vasco y Canarias, por ejemplo. Y no se puede argumentar que es por una cuestión de dinero o presupuestaria porque en las Comunidades Autónomas citadas se pudo. Hace falta voluntad política y pensar en los derechos laborales y sociales de todos.

Y si se piensa en los profesores de más de 55 años la situación es tremenda. No tienen reducción horaria en Asturias, aunque fuera mínima, y  aunque tengan más de diez o quince años trabajados en la enseñanza pública y acreditada su capacidad  y conocimientos tienen que presentarse a la oposición con riesgo de quedarse fuera del sistema laboral público.

Porque en una oposición no se miden todos los conocimientos de los que se presentan en cada especialidad y las calificaciones de las pruebas dependen de muchos elementos que, en gran medida, son subjetivos y azarosos.

Además, las carreras cursadas, las notas logradas y el nivel de conocimientos alcanzado son algo objetivo y que es más que suficiente para impartir clases en la educación secundaria y también en la universitaria para los que han logrado el grado académico de doctor. Y los profesores interinos con experiencia no están por la labor de jugarse su puesto de trabajo en la lotería de la oposición. Pero parece que se obliga a que esto sea así. Y esto no supone una auténtica igualdad de oportunidades, ya que no existe, por todo lo que acabo de explicar en este artículo.

Esto puede ser matizado y argumentado con muchos más conceptos. Estaría bien que desde los medios de comunicación asturianos se tratara más esta cuestión que estoy planteando en este escrito. Sería bueno también que los partidos políticos en Asturias tomaran cartas en el asunto de verdad.

Por otra parte, me parece que existe un cierto desconocimiento de lo que acabo de comentar en la sociedad asturiana, por falta de información.

La movilización de los sindicatos educativos en apoyo de la estabilidad de los docentes interinos es primordial, pero no es la única forma de luchar por los derechos de este colectivo de profesionales de la enseñanza en Asturias. Han realizado y siguen realizando una gran labor formativa en los centros educativos del Principado de Asturias.

José Manuel López García