Hemos conocido los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en relación con el último día del mes de marzo. Cierra el primer trimestre del año con 83.566 afiliados menos en el conjunto del sistema y con 3.274.823 Autónomos; en Galicia, la cifra total es de 207.552, apenas 92 más que a final de febrero. A Coruña suma 84.385 Autónomos, 48 más que hace un mes; le sigue Pontevedra, con 66.967, 76 Autónomos más que a final de febrero. Lugo alcanza la cifra de 32.987 afiliados al Régimen de Autónomos, 2 Autónomos más que hace un mes y cierra Ourense, que llega a 23.213 Autónomos, 34 menos que el 28 de febrero. 

La prestación por cese de actividad que perciben unos 30.000 Autónomos gallegos, la situación de erte en la que todavía se encuentras más de 34.000 trabajadores en Galicia, y los planes de rescate autonómicos que de una manera u otra han ayudado a casi 40.000 Autónomos, especialmente de la hostelería, junto a la enorme capacidad de aguante, resistencia y adaptación a las circunstancias, por parte de los Empresarios y Profesionales Autónomos, posibilitan que las cifras se vayan manteniendo más o menos en los mismos parámetros, sin que haya un desplome, aunque conviene recordar que seguimos en mínimos históricos de afiliación en cuanto al Régimen de Autónomos en Galicia. De los 207.552 Autónomos, 21.703 son Autónomos del antiguo sistema Agrario, y el resto, o sea, 185.849, son los Autónomos propiamente dichos, del RETA. Recordemos que todas estas ayudas conllevan la obligación de los receptores de las mismas, de continuar dados de alta en el sistema de la seguridad social, aunque no tengan actividad.

La situación es agónica, la recuperación es un espejismo y la lentitud del gobierno es poner en marcha los mecanismos de ayuda prometidos a través de los planes europeos es del todo intolerable.

Si no queremos asistir a un desplome de actividades sin precedentes en los próximos meses, será necesario inyectar a todos los sectores, no solo a los 95 inicialmente seleccionados, las ayudas aprobadas en el Real Decreto Ley que se supone que pone en circulación 7.000 millones de euros del Plan de Rescate a través de fondos europeos. En otro caso, más de 100.000 Autónomos y sus empleados y familiares tendrán que cerrar sus negocios definitivamente. 

No se trata de un problema de viabilidad de las actividades, ni siquiera de solvencia empresarial, se trata de una disminución de facturación provocada por una orden de paralización de actividades dictada por la Autoridad, que ahora tiene la obligación de hacer todo lo posible para mantener y recuperar esas actividades. 

Estamos en la cifra oficial de cuatro millones de parados, a los que hay que sumar el medio millón de Autónomos cobrando el cese de actividad, el casi millón de personas cobrando los ERTES y, por tanto, sin trabajar y otro medio millón más o menos, que están realizando cursos de formación y no constan oficialmente como parados, aun siéndolo. Nos acercamos pues, a los seis millones de personas que, queriendo trabajar, no pueden hacerlo. Un problema económico y una lacra social que puede terminar estallando. 

Después de un año de pandemia, dos estados de alarma y sucesivas prohibiciones y restricciones de actividad y movilidad, el resultado es pavoroso. El tejido productivo se muere poco a poco, se encuentra en coma vegetativo con respiración asistida y sin ver una salida clara, en un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica totalmente inaceptable. 

Los Autónomos necesitamos ya las ayudas directas que venimos reclamando desde el minuto uno de la pandemia, la exoneración de cuotas sociales, la condonación de impuestos durante el período de alarma, así como la prórroga de los ertes y la prestación por cese de actividad de los Autónomos hasta final de 2.021. Si no llegan esas ayudas, estamos abocados a que la mitad de los ertes se conviertan en eres, y la mitad de los Autónomos que ahora sufren las restricciones y paralizaciones de actividad, no volverán a abrir.

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