La inflación y la carestía de vida son temas importantes que afectan a muchas personas en España, en estos últimos años nuestro país ha experimentado un aumento en la inflación y un incremento en el costo de la vida, a pesar de los discursos optimistas de los políticos, la realidad para una gran mayoría de los ciudadanos es muy diferente. 

El índice de precios de consumo (IPC) mide la evolución de los precios de bienes y servicios que consumen las familias en España, y en abril de 2024, la tasa de variación anual del IPC se situó en el 3,3% una decima por encima del mes anterior, la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados ni productos energéticos disminuyó al 2,9% anual, pero la cesta de la compra de todos los alimentos frescos llegó hasta el 4,7%, lo cual indica que los precios siguen aumentando, algo que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. 

Más del 36% de la población, llega más que justo a fin de mes y por encima del 20% se enfrentan a verdaderas dificultades económicas, sin dejar de reseñar que la pobreza alcanza cotas alarmantes. 

El alto coste de la vida afecta a las personas, familias en áreas especialmente como la vivienda, alimentación y transporte, por ello el cambio de hábitos de consumo se ha vuelto necesario debido a la inflación, ya que los precios de los alimentos y los carburantes han roto las previsiones, obligando a los consumidores a ajustar al máximo su presupuesto. 

Además de la inflación, España enfrenta otros riesgos económicos, como la crisis de la deuda y el desempleo, también la escasez de recursos y la proliferación de actividades económicas ilícitas contribuyen a la compleja situación. 

Se supone que los sueldos y las pensiones están estrechamente relacionados con la economía y la productividad del país, con lo cual, se debería de subir mas el porcentaje del IPC al año, con el único fin de cubrir, como mínimo, las necesidades básicas como pueden ser vivienda, alimentación, transporte, educación y sanidad pública. 

Las negociaciones entre empresas y empleados no van muy de acuerdo y sobre todo en momentos de crisis o estancamientos económicos, las empresas se resisten a aumentar los sueldos, ya que priorizan su rentabilidad. 

La inflación afecta directamente al poder adquisitivo de las personas y si los sueldos y las pensiones no se ajustan al nivel adecuado para poder vivir dignamente, es cuando comienzan los problemas. 

El gobierno, ( independientemente de quien gobierne) debería de prescindir de gastos innecesarios y buscar un enfoque integral que considere tanto la economía como el bienestar de las familias, con el único fin de lograr un equilibrio adecuado. 

Aunque los políticos sigan afirmando, “España va bien”, la realidad económica es mucho más compleja, la carestía de vida y la inflación afectan a la mayoría de los hogares y es importante abordar estas cuestiones con seriedad y empatía.

Conchi Basilio