La negociación sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas está camino de convertirse en uno de los culebrones del verano. Primero, por la negativa de las patronales a sentarse a la mesa, y en las últimas horas porque parece que finalmente el Gobierno cederá y renunciará a materializar la medida a principios de 2025 como había prometido, y lo hará a lo largo del próximo año, especialmente en el caso de los sectores que tienen más dificultades para adoptar este cambio de paradigma.  

Este aplazamiento para aplicar lo que, recordemos, es una de las promesas estrella de esta legislatura es una concesión que los sindicatos no podemos aceptar. Porque ya llegamos tarde. Solo hay que echar un vistazo a los países más avanzados que nos rodean para constatarlo. Francia tiene establecidas las 35 horas desde hace más de 20 años. Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Finlandia, Bélgica, Suiza, Irlanda o Noruega son ejemplos también de consolidación en esta jornada semanal alrededor de las 35 horas. 

Incluso el Reino Unido, paradigma de Estado liberal poco propenso a las concesiones a los trabajadores, se mueve alrededor de las 37 horas y seguro que con el nuevo gobierno laborista reabrirá el debate. En el otro extremo tenemos otros países como Serbia, Portugal, Grecia, Eslovenia o Polonia, por encima de las 40 horas. Urge, por tanto, decidir en qué liga queremos jugar. Pero hay que superar el viejo paradigma empresarial de que menos horas de trabajo significa pérdida de producción y competitividad. 

Las economías más prósperas ponen el foco en la creación de valor, y para conseguir este objetivo los factores no son estas 2,5 horas que se quieren reducir, sino la formación, los incentivos, el bienestar laboral y las políticas de conciliación. Hay que hacer mucha pedagogía sobre lo que supone este nuevo modelo para vencer las resistencias que se han activado desde el momento en que el Gobierno anunció la medida. 

Una de las estrategias debería ser aprovechar este momento para implementar medidas reales que favorezcan la productividad, que de hecho es una de las permanentes reclamaciones de los empresarios. Como tantas cosas, un incremento de la productividad no caerá del cielo y, en el contexto actual, tendría todo el sentido exigir a la Administración un plan de choque dotado de recursos para conseguir este objetivo. 

Este sería el camino correcto y no el del aplazamiento. Los sindicatos debemos ser firmes en la consecución de este objetivo social, porque dar pasos atrás enviaría un mensaje de debilidad. Tampoco podemos flaquear en dos derivadas perniciosas de la reducción de jornada: el derecho de los trabajadores a la desconexión digital ni el incremento (y concentración) de las horas extra, confirmado por el último estudio del portal Infojobs. 

La reducción de jornada no puede comportar más invasión telemática a los trabajadores en sus horas y días de descanso ni provocar el abuso de las horas extra como recurso para cubrir las necesidades. Y esto porque el objetivo de la reducción de jornada es doble: una mejor conciliación de la vida personal de los trabajadores pero, también, repartir el trabajo. No olvidemos que continuamos teniendo una de las tasas de desempleo más altas del mundo desarrollado del que se supone formamos parte. Jordi Margalef - Secretario de Comunicación del STR

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