El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, explicará en el pleno de la próxima semana, el 10 y 11 de abril, las previsiones sobre las reformas legislativas precisas tanto estatales como autonómicas para "garantir a limpeza no voto da emigración", a través de la votación en urna que quiere implantar el Gobierno gallego. Será en respuesta a una pregunta del BNG, que advierte de que en los comicios municipales del mes de mayo no está garantizado "o secreto, a liberdade e a personalidade" del voto en el exterior. Así lo afirmó el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, además de señalar que "esperemos que non aconteza" lo que en las anteriores municipales de 2003, cuando diversas irregularidades detectadas en el concello de Fisterra retrasaron hasta cinco meses la constitución de la Diputación provincial de A Coruña. El tema electoral también estará presente a través de una proposición no de ley que presenta el PPdeG para implantar un "código ético" sobre los viajes institucionales en precampaña y campaña. Según afirmó el portavoz del grupo de la oposición, Xosé Manuel Barreiro, actualmente se está dando "un uso fraudulento" de estas visitas al exterior por parte del Gobierno gallego y es necesario que los viajes se realicen "con cargo aos fondos das forzas políticas" y no de las arcas públicas. Manifestó que este código ético "pode ser extensible a todas as administracións" como las diputaciones provinciales, pero considera que el caso del reciente viaje a Uruguay del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, "é diferente" a los emprendidos por miembros de Gobierno. A su juicio, en el caso de los conselleiros que estuvieron en este mismo país, "é difícil" que se tratara de un viaje institucional, porque "se comprobou unha labor comercial de captación, na que o voto págase a tanto" propuesta por el candidato del PSdeG en Viladecruces, lo que hace pensar que esta conducta "pode ser xeralizada" en el Partido Socialista. Por eso, insistió en que este tipo de visitas se hagan "con cargo aos recursos financeiros dos partidos e non das institucións". El orden del día del próximo pleno, organizado por la Xunta de Portavoces, también incluye las comparecencias de la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, para hablar sobre el Plan de Calidade no Ensino; de la de Cultura, Ánxela Bugallo, sobre la Lei do Libro e da Lectura; y de la de Sanidade, María José Rubio, quien explicará los acuerdos alcanzados en la mesa para la reforma de la Atención Primaria. Dereito Civil La Xunta de Portavoces sirvió para constatar la participación del PPdeG en la ponencia conjunta constituida por PSdeG y BNG sobre la Lei de Dereito Civil, para modificar la disposición que establece la igualdad de derechos entre matrimonios y parejas de hecho. El portavoz parlamentario socialista, Ismael Rego, acusó al grupo de la oposición de un caso de "filibusterismo claro" en esta materia. Rego recriminó al PPdeG que hubiese que ampliar el plazo para que la oposición presentase a sus participantes en esta comisión y advirtió de que "esta vez cedemos os grupos do Goberno, pero non debería tocarnos sempre". Considera que el grupo 'popular' utilizó "políticamente e con cortedade de miras" el error que figura en la disposición adicional tercera de la Lei de Dereito Civil en un "intento de lucimento personal", aunque no aclaró de quien. En todo caso, mostró su satisfacción porque finalmente se haya recuperado la unanimidad que tradicionalmente hay sobre el derecho civil gallego y "a mensaxe positiva" que esta unión dará al Gobierno central, frente al recurso que el Ejecutivo de Zapatero presentó ante el Tribunal Constitucional por considerar que la regulación de las adopciones entraba en competencias exclusivas del Estado. También el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, dijo que la integración del PPdeG en la ponencia sobre Dereito Civil "é un sinal de unión" de todas las fuerzas políticas gallegas alrededor de esta ley, lo que repercutirá positivamente "na súa defensa diante do Estado". Consello de Contas Por otra parte, en el pleno de la próxima semana se debatirá el Informe de Fiscalización de 2003, elaborado por el Consello de Contas. Sobre el retraso que acumula el organismo en la fiscalizacion de las cuentas públicas, Rego recordó que es objetivo del Gobierno bipartito establecer las modificaciones necesarias para "recurtar os prazos". Manifestó que un retraso de cuatro años "non é asumible" y dijo que tanto el organismo estatutario como los grupos políticos deben hacer "exame de conciencia" al respecto. Por eso, considera que es una cuestión que el próximo Consello de Contas, ya que está pendiente su renovación, "deberá abordar cunha certa solvencia".