Outeiro de Rei solicitará un informe al Censo para demostrar que cumplió la ley en el empadronamiento de presos

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El alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo Lombao, informó de que el Ayuntamiento solicitará un informe a la Oficina do Censo Electoral para confirmar que su forma de proceder con respecto al empadronamiento de los presos de la cárcel de Bonxe y los mayores del geriátrico de la localidad se sometió "estrictamente a la legalidad". En un comunicado, el regidor aclara que el procedimiento de tramitación de oficio de las altas en el padrón se realizó entre los meses de junio, julio y agosto del 2006 y fue supervisado, posteriormente, por la Oficina do Censo Electoral en septiembre. Asimismo, confirmó que el 13 de enero del 2007, esta entidad le comunicó al Ayuntamiento que "el servicio de correos le notificó personalmente a los interesados su acta censal, por lo que todos los afectados, con anterioridad a esta fecha, tuvieron conocimiento de la tramitación del procedimiento de alta de oficio". Además, también informó a la Administración local de la relación de electores con los que no pudo contactar, unos 50, y requirió la anulación de las correspondientes altas. Según el propio regidor, el día 16 de enero, se procedió a cumplir dicho requerimiento, mediante un decreto de la Alcaldía. El alcalde citó la legislación para recordar que todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, tienen la obligación de empadronarse en el lugar en el que más tiempo residen al año y el Ayuntamiento la de realizar las actuaciones necesarias para mantener actualizado su censo, con la finalidad de que los datos concuerden con la realidad. También aclaró que la Administración local puede tramitar el acta de alta de oficio, "para lo que no es necesario el consentimiento de los interesados, dado que empadronamiento es un deber, no una opción". Asimismo, Pardo Lombao recordó que el "incumplimiento del deber legal de empadronarse" por parte de los presos de Bonxe o del geriátrico de la localidad, implica una pérdida de recaudación de 52.127,11 euros anuales para el Ayuntamiento, con cargo a la participación correspondiente en los tributos del Estado. Esta infracción del deber legal le cuesta, según el alcalde, 11,10 euros al año a cada vecino de Outeiro de Rei.