CASO GÜRTEL

Empieza el juicio a la rama de la Gürtel en Jerez por amañar contratos para Fitur

EFE | La Audiencia Nacional juzga desde este lunes, y previsiblemente hasta septiembre, al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras siete personas (cinco funcionarios) por tres contratos irregulares del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red para Fitur 2004.

Todos ellos deberán responder por esos tres contratos para el montaje del expositor de Fitur, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros. Por estos supuestos amaños, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Correa, Crespo y otros dos presuntos integrantes de la trama, Isabel Jordán y Javier Nombela, todos ellos por delito continuado de falsedad documental y fraude a las Administraciones Públicas.

Para los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez procesados en esta pieza separada de la causa principal de Gürtel, reclama también 7 años de prisión para José Enrique Agüera, exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC); Manuel Báez Guzmán, exsecretario del Ayuntamiento de Jerez; Milagros Pérez, interventora, y Lourdes Montenegro, técnico municipal, así como 2 años para Milagros Abascal, interventora. Para los nueve acusados el juez pide también 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

En relación a estos hechos, el juez de Gürtel, José de la Mata, remitió al Supremo los indicios que implicaban en estos hechos a la exalcaldesa de Jerez María José Garcia Pelayo (PP) por estar entonces aforada como senadora. El Supremo finalmente archivó la investigación a la exalcaldesa en 2016 ante la falta de indicios de responsabilidad penal, si bien, recientemente la Fiscalía, al dejar de estar aforada antes de las elecciones generales en las que ha resultado elegida diputada, trató que De la Mata la volviera a investigar.

Para ello la Fiscalía, que propuso incluso pedir el aplazamiento de este juicio para poder incorporar a García Pelayo, presentó un escrito en el que la acusada Isabel Jordán aporta indicios de que la entonces regidora sabía de esas adjudicaciones. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de Anticorrupción, alegando que no le era posible pronunciarse sobre la reapertura de esa causa "porque la competencia para conocer de la misma fue asumida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, formalmente la mantiene mientras no decline".

En el auto de apertura de juicio, De la Mata expone cómo las empresas de Correa empezaron a ejecutar los contratos del Ayuntamiento de Jerez sin que ni siquiera se les hubieran adjudicado formalmente, una adjudicación que se hizo además sin concurso público y, en algunos casos, como contratos menores y sin publicidad. Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de la feria, lo que demostraría que los expedientes "se construyeron" después de Fitur y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".

A los funcionarios se les imputa llevar a cabo los amaños para facilitar la concesión de los contratos y suscribir los expedientes administrativos relativos a ellos, en los que incurrieron, según De la Mata, en "groseras ilegalidades".

Por su parte, según el juez, los integrantes de la trama Gürtel Jordán y Nombela "fueron conscientes de la situación y de los objetivos injustos desde el primer momento", concretamente desde las primeras reuniones que mantuvieron con el periodista Isidro Cuberos, que hace un año fue encontrado muerto en un barranco junto a su motocicleta.

Según el magistrado, Cuberos, que fue jefe de prensa de Javier Arenas hasta 2001, medió entre la red Gürtel y el Ayuntamiento y se reunió con los miembros de la trama para definir "todo el plan" que serviría para adjudicar los contratos de manera irregular. La Sala ha fijado para las sesiones de juicio, que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova, el 3, 4, 5, 6, 17, 18 y 20 de junio; mientras que en julio solo están señalados los días 8, 10 y 11, y en septiembre se retomará el día 10 y está previsto que se prolongue hasta el 26 de ese mismo mes.