JUICIO PROCÉS
Recta final del juicio "procés": la Fiscalía justifica el martes la rebelión
EFE | Tras
casi cuatro meses, el juicio del "procés" entra esta semana en su recta
final con el turno de las acusaciones, que expondrán ante la sala sus
informes con los que justificarán por qué los acusados deberían ser
condenados, en el caso de la Fiscalía por rebelión, y de la Abogacía por
sedición.
La del próximo martes será una jornada protagonizada por la Fiscalía, la
Abogacía del Estado y Vox -que ejerce de acusación popular-, a quienes
el tribunal dará la palabra para que se explayen en sus tesis
acusatorias. Lo harán después de que la semana pasada elevasen a definitivas sus
conclusiones sin modificar un ápice las condenas de prisión que
solicitan para los doce acusados, con el exvicepresident Oriol Junqueras
a la cabeza. La Fiscalía decidió seguir adelante con la rebelión, con peticiones
de hasta los 25 años de cárcel; la Abogacía hizo lo mismo con la
sedición, que en su caso solicita una condena máxima de 12 años,
mientras que Vox tan solo modificó su petición para Santi Vila, a quien
acusa finalmente de desobediencia, un delito que no conlleva pena de
cárcel.
Más allá del mero anuncio, ahora deberán relatar al tribunal su
versión sobre el papel que ostentaron los encausados en los hechos que
culminaron en el referéndum, declarado ilegal, y en la declaración
unilateral de independencia (DUI), a la que todos los acusados han
restado valor al tacharla de "simbólica".
La Fiscalía lo hará centrándose en la idea de rebelión, el delito que
imputa a nueve procesados, y en la violencia que, según su tesis, éstos
asumieron y promovieron desde las altas instancias del Govern, el
Parlament, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
Durante la mañana, los cuatro fiscales del Supremo (Javier Zaragoza,
Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena) justificarán que existió
una estrategia "perfectamente planificada, concertada y organizada para
fracturar el orden constitucional", que los acusados "dirigieron,
promovieron y/o participaron activamente".
Es decir, un "levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia".
Previsiblemente harán hincapié en los añadidos que han incorporado a
su informe, especialmente en la versión de la Prefectura de Mossos sobre
reuniones con el Govern previas al 1-O en las que les pidieron
desconvocar el referéndum ante posibles "situaciones violentas", a lo
que Carles Puigdemont hizo caso omiso y dijo que iría adelante con la
DUI.
Pero la Fiscalía, que no ha renunciado a la tesis del brazo armado de
los Mossos, también incidirá en su pasividad, con un dispositivo
"ineficaz" y también "determinante" para que se celebrase el 1-O, y
quienes se sujetaron a "las directrices" del Govern, poniendo a su
disposición "todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial
armado y muy numeroso en efectivos".
Menos grave es la acusación de la Abogacía, dependiente del Gobierno,
que ve sedición, es decir, un alzamiento público y tumultario "para
impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las
leyes".
Un "plan orquestado" que pasaba por "un enfrentamiento" desde las
"instituciones y fuerzas contra la legalidad constitucional y
estatutaria", impidiendo el cumplimiento de las advertencias de los
órganos judiciales "y organizando movilizaciones sociales para presionar
al Estado".
Lo que ambas acusaciones comparten es el gasto de dinero público para
financiar el "procés" y que previsiblemente fundamentarán en la versión
de varias altas funcionarias de Hacienda que aseguraron que si la
prestación de servicios conllevó un compromiso de pago, hubo un
perjuicio para las arcas públicas, se hubiesen pagado o no. Cerrará la jornada Vox, acostumbrado a ir a rebufo de las otras acusaciones, quien eleva las penas a 74 años de cárcel.